Banzer excluye de la amnistía a importantes dirigentes bolivianos
Una profunda decepción ha causado en Bolivia la limitación de la amnistía navideña, que era esperada ansiosamente como prueba de las intenciones democratizadoras del Gobierno del general Banzer. Una resolución del Ministerio del Interior ha dispuesto anteayer la libertad de 33 detenidos políticos y el paso de otros diecinueve a la justicia ordinaria. De un total de 632 exiliados políticos reconocidos como tales por el Gobierno, sólo 284 podrán regresar a su patria, quedando excluido el resto por ser «delincuentes políticos».
Sin embargo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia había demostrado recientemente que de un total de 19.140 personas que tuvieron que huir de Bolivia desde la instauración del régimen de Banzer, unas 3.610 entran en la categoría de exiliados políticos, mientras que otros 2.000, al menos, viven deportados en el interior del país en calidad de «residenciados».La amnistía no afectará, por otra parte, a figuras políticas actualmente exiliadas, cuyo regreso al país es considerado por las fuerzas democráticas bolivianas indispensable para que la consulta electoral del año que viene tenga un mínimo de credibilidad. Entre las personalidades excluidas se encuentra el ex presidente Hernán Siles Suazo (dirigente del Movimiento Nacional Revolucionario de Izquierda), el ex vicepresidente y dirigente sindical Juan Lechín Oquendo y Guillermo Bedegral, número dos del Movimiento Nacional Revolucionario y «brazo derecho» de su presidente, Víctor Paz Estenssoro.
Otros importantes políticos excluidos son los ex ministros Alberto Bailey, Jorge Gallardo (titular de la cartera del Interior con el general Torres) y Marcelo Quiroga Santacruz.
La credibilidad sobre las intenciones del régimen militar se había menguado el viernes pasado, cuando el general Banzer, contradiciendo sus propias declaraciones en el sentido de que su Gobierno no iba a patrocinar una candidatura oficial, propuso públicamente la candidatura de su «hombre de paja», el general Juan Pereda Asbún.
La figura de Pereda - quien fue denunciado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos como uno de los responsables directos de torturas y de asesinatos en su calidad de ministro del Interior durante más de cuatro años- ha sido fuertemente contestada en el seno del ejército boliviano.
