Juego peligroso de UCD en el Congreso de Diputados
Termina una semana de intensa actividad parlamentaría, al menos a nivel de trajín de convocatorias, sesiones, ¡das y venidas de los ministros a una u otra Cámara. Aparte del dictamen aprobatorio de los Presupuestos Generales del Estado para 1978, poco más se ha sacado en limpio desde un punto de vista legislativo. Los indicios son que el Pleno prenavideño que celebrará el Congreso de los Diputados la semana próxima no va a servir para mucho más. Presupuestos, para poder funcionar el año próximo, y compás de espera.El Gobierno exige que la tarea legislativa vaya al ritmo y por los cauces que él marca. La iniciativa de la Oposición, mediante proposiciones de ley -Procedentes, sobre todo, de los socialistas y, en menor medida, de los comunistas-, es colapsada por el grupo parlamentario gubernamental, Unión de Centro Democrático.
Cuando UCD no cuenta con ganas, margen político o tiempo físico para abordar un tema, no vale que lo afronte alguno de los partidos de Oposición. La iniciativa legislativa, que corresponde reglamentariamente, junto al Gobierno, a los grupos parlamentarios, es una pura ficción si UCD no hace suyas las proposiciones de ley presentadas por las demás fuerzas políticas. El trámite de la toma en consideración de tales proposiciones de ley ha supuesto una dura criba para los propósitos, legislativos patrocinados especialmente por los socialistas.
En un solo día, los votos de UCD pusieron el stop a dos intentos socialistas, respaldados por toda la izquierda, y de gran audiencia en el mundo del trabajo y en la opinión pública en general: la regulación de la acción sindical en la empresa y la abolición de la pena de muerte. No fueron los únicos. Quedaron también en el alero temas de tanta importancia en el momento presente como el sometimiento de las fuerzas de orden público a los tribunales ordinarios, la modificación de la ley de Peligrosidad Social, la derogación de las disposiciones franquistas contra el terrorismo. Sólo dos días después, UCD insistió en su estrategia. La derogación de procedimientos administrativos especiales en materia de orden público, la reforma de la ley de Secretos Oficiales y la modificación del reglamento de la policía gubernativa quedaron para mejor ocasión, o sea, para cuando quiera el Gobierno.
Estrategia reglamentaria, pero incoherente
Quede claro que la actitud del partido del Gobierno es no sólo irreprochable reglamentariamente, sino válida también desde un punto de vista parlamentario, en cuanto se basa en el instrumento supremo de los votos. Mientras que los votos permitan a UCD controlar la iniciativa legislativa, nadie debe rasgarse las vestiduras democráticas.
Lo que ocurre es que esta estrategia es en el terreno político, de dudosa coherencia. Teniendo en cuenta la estructura de las Cámaras, y de modo especial la del Congreso de los Diputados, UCD está condenada a dar bandazos constantes. Al no querer un amigo permanente, necesita de amigos pasajeros, de concepciones políticas contrapuestas. En temas de orden público, buenas costumbres y respeto a los grandes principios conservadores, UCD cuenta con Alianza Popular; en materias progresivas en el orden socioeconómico, los votos socialistas y comunistas no suelen fallar; en temas neutros, con posibilidad de contrapartidas autonómicas, la amistad catalana o vasca, o ambas, pueden lograrse.
Esta estrategia delinea una política legislativa posibilista y pragmática con la que UCD va tirando, pero que conserva latente la enemistad de todos, propicia a convertirse en una derrota cuando lo que se ventila tiene alcance electoral. Esto es lo que ocurrió durante el debate de los Presupuestos: unos importantes miles de millones de pesetas en manos de los gobernadores civiles para 1978 suscitaron las sospechas generales y la Comisión de Presupuestos encauzó la partida hacia la Administración local, cuya democratización está a la vuelta de la esquina y sobre cuyas elecciones todos los partidos acarician esperanzas.
La actitud ucedista de ligar sucesivamente con todos, según conveniencias de coyuntura, acredita y confirma la ausencia de ideología propia en el partido del Gobierno y, lo que es peor para UCD, cara al eJercicio, en un futuro quizá próximo, del voto de censura, coloca sobre la cabeza del Gobierno una espada de Damocles fácilmente desenvainable.
En cualquier caso, la política de ir tirando comienza a tocar techo. Durante la próxima semana vamos a tener una nueva muestra de ella. Con un país convulsionado por la violencia de uno y otro signo, el Congreso de los Diputados celebrará en los días prenavideños una sesión plenaria que, si mañana no decide lo contrario la junta de portavoces, va a estar divorciada de la realidad candente del momento.
Los sucesos de Málaga, aplazados
Aparte de la ineludible aprobación de los Presupuestos Generales Para 1978, según la decisión adoptada por la junta de portavoces el pasado lunes, el Pleno que comenzará los días 22 y 23, va a obviar de hecho la iniciación de las investigaciones parlamentarias sobre los sucesos de Málaga, ya que entre el debate presupueslario y la designación de la comisión de encuesta figura en el orden del día un colchón integrado por un paquete de interpelaciones, cuyo estudio hará imposible ocuparse de ningún otro tema hasta el 10 de enero. Es decir, el criterio que prevaleció en lajunta de portavoces -bajo la apariencia del rigor cronológico de llegada de los temas- fue el evasivo. Un criterio que permitirá a los señores diputados adentrarse en la problemática, sin duda grave, de la exportación del pepino fresco, mientras se deja para otro día la muerte en la calle, de un tiro por la espalda, cuando ya este hecho se va quedando viejo por el proceso incesante de la crónica de sucesos políticos.
En el fondo, lo que ocurre es que en la nueva democracia la política sigue haciéndose en los despachos; los hemiciclos se sustituyen por las juntas de protavoces, y las comisiones -con luz y taquígrafas- por las ponencias a puerta cerrada que lo dan todo guisado.
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