La libertad de enseñanza y la Iglesia

Colegio de Doctores y Licenciados

En estos últimos días se está llevando a cabo una campaña en la prensa y en los centros escolares que va a culminar en la primera semana de diciembre en unos actos masivos en Madrid y otras capitales en defensa de la «libertad de enseñanza», supuestamente amenazada. Los autores de esta campaña son la FERE y la Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Su tesis es que el padre tiene derecho a elegir el modelo de educación de su hijo; que siendo la mayoría de la población católica ha de reconocerse por el Estado la existencia de centros confesionalmente católicos y, como consecuencia, el Estado debe financiar dichos centros. La exposición de esta postura se hace en tonos exaltados, a manera de cruzada contra una amenaza inminente.

Semejante actitud sorprende ante la falta de beligerancia por la parte supuestamente atacante, ya que las alternativas democráticas propuestas por partidos de izquierda y organismos de los enseñantes muestran una capacidad de diálogo y un conocimiento de la realidad que superan esta atmósfera de trinchera, poco acorde con un Clima democrático. Aunque sí es sintomático que coincida con la discusión en las Cortes de los Presupuestos y, en consecuencia, de la parte destinada a la subvención a la enseñanza privada.

Analizando estas posturas desde un punto de vista pedagógico, habría que cuestionar el derecho absoluto y autoritario de los padres sobre la educación del niño. Nadie pone en duda que los padres son los primeros interesados en la salud, crecimiento y bienestar de los hijos, pero esto no significa que tengan unos derechos exclusivos sobre su desarrollo intelectual, ni que sus valores y pautas de conducta sean transmitidas al niño como dogma infalible. De todas maneras, es inútil intentar poner orejeras al niño, que a través de los medios de comunicación, de los compañeros y de la calle toma contacto con el pluralismo social. Sin ir más lejos, durante la etapa del franquismo, el sistema escolar autoritario y dogmático militante ha producido una reacción contraria a los fines que se buscaban en una inmensa mayoría de los casos.

Otra de las afirmaciones que habría que poner en cuestión es si la mayoría - de los padres son católicos o si quieren una educa ción confesional para sus hijos. Los resultados electorales del 15 de junio pasado parecen indicar que no es tan evidente, ya que un 44 % del electorado votó a partidos que apoyan una escuela pluralista.

Pluralismo y escuela

Por otra parte, cuando menos es confuso identificar a toda la Iglesia con esta postura intransigente. Ni toda la jerarquía ni un importante sector de creyentes se identificaría con planteamientos tan intolerantes o, por lo menos, no buscan deformar una polémica que es real, pero que puede llegar a unas soluciones equilibradas.

Uno de los elementos centrales de esta polémica es el pluralismo dentro de la escuela. Se trataría de que, partiendo del hecho de que la escuela no es, ni puede ser neutra, al niño lo que más le beneficia, junto con un conocimiento científico de la realidad, es que le permitan llegar a formar sus propias conclusiones, no impuestas de forma dogmática, sino como resultado de una elección real entre distintas. interpretaciones. De esta forma se educa no solamente para insertarse en la producción, sino para ser un buen ciudadano, capaz de respetar las opiniones de los demás en un espíritu solidario.

Nuevo modelo

El marco escolar donde el pluralismo sería una consecuencia, es un nuevo modelo de escuela, planificada' controlada y financiada públicamente y gestionada democráticamente por profesores, padres y alumnos. Esta escuela pública, naturalmente, garantizaría una instrucción religiosa para todos los alumnos que por sí mismos, o por voluntad de sus padres, lo deseen.

Esta escuela pública es el proyecto educativo que muchos sectores sociales del país apoyan, pero nunca a base de negar el derecho de existencia a otros modelos educativos. Además se plantea así la escuela como un elemento que ayuda a eliminar las discriminaciones sociales de origen que sufren los niños al entrar en el proceso educativo.

Hoy de lo que se trata, en el campo de la educación, es acabar con los males heredados del franquismo. El pacto de la Moncloa en términos escolares, puede suponer el final de la falta de puestos escolares en EGB, de la escolarización deficiente y el inicio de un proceso de escolarización en preescolar. Asimismo el desarrollo de los acuerdos del pacto va a permitir abrir la escuela pública a la participación y la gestión colectiva y el reconocimiento de unos derechos mínimos para el profesorado.

En tanto enterremos los últimos vestigios del franquismo en la educación, será necesario el esfuerzo de todos los intereses sociales, aunque en el fondo puedan ser contrapuestos. No sobra ningún puesto escolar, subvencionado o no. El cierre de determinado tipo de centro es una amenaza real que puede dejar a niños y profesores en la calle. Es preciso que el Estado busque fórmulas que permitan la reconversión de estos centros en entidades públicas, evitando así el despilfarro evidente que su cierre significaría.

Centros subvencionados

Los centros subvencionados siguen siendo necesarios, pero la subvención no se puede dar a cambio de nada. La contrapartida tiene que ser el control democrático de los recursos, la gestión democrática del centro, la calidad de la enseñanza y la no discriminación de profesorado y alumnos por razones ideológicas.

lkesulta de una grave irresponsabilidad incitar a un enfrentamiento forzado y poco objetivo entre la Iglesia y fuerzas de izquierda, cuando los problemas educativos hoy son de tanta gravedad y afectan a toda la sociedad española, creyente o no; grave error histórico sería que tanto la Iglesia como las fuerzas de izquierda aceptasen esa provocación que se lanza diariamente a la opinión pública. Las soluciones a los múltiples problemas del sistema escolar hay que buscarlas en un clima sereno y realista, buscando el mayor consensus de opinión. El cumplimiento de los acuerdos del pacto de la Moncloa significaría un paso importante en este sentido y crearía la base de un entendimiento racional entre las distintas fuerzas sociales y políticas sobre el proyecto escolar que más beneficiase a la sociedad.