La retroactividad del "pacto de la Moncloa" divide a los firmantes
La aplicación retroactiva de los acuerdos del pacto de la Moncloa es objeto de muy distintas interpretaciones por parte de los signatarios del mismo. Mientras el Gobierno parece decidido a decretar su aplicación, el Partido Comunista de España (PCE) solicitó ayer una nueva reunión urgente de todos los dos partidos implicados en el pacto para tratar de la política de salarios y otros puntos en el pacto que requieran una interpretación. El PCE propuso también que el Gobierno recurra a la publicación de un real decreto-ley para poner en marcha de manera inmediata otra serie de aspectos urgentes del acuerdo.El diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Gregorio Peces-Barba afirmó a EL PAIS que su partido estaba en contra de todo lo que supusiera un detrimento de la labor legislativa del Parlamento. «Las leyes -dijo- tendrán que pasar por el Congreso.»
El Gobierno, por su parte, parece decidido a imponer la retroactividad en cuanto al tope salarial del 22% y está preparando una normativa legal que declare anulados todos aquellos convenios que tengan ya pactados incrementos salariales superiores. Esta norma tendría que ser aprobada por la Comisión de Urgencia Legislativa del Congreso, integrada por diputados de UCD y del PSOE, pero, previamente, irá al Consejo de Ministros.
Si esta ley prospera, trabajadores y empresarios estarían obligados a negociar de nuevo los convenios colectivos que establecen la cláusula de revisión anual con el índice del coste de la vida y tres puntos más. Convenios de este tipo afectan, según fuentes sindicales, a más de dos millones de obreros.
El comunicado del PCE implica, en cierta forma, su oposición a este proyecto gubernamental, por cuanto propone una nueva negociación entre los partidos.
Por otra parte, los comunistas insisten en la necesidad de convocar inmediatamente las elecciones sindicales y proponen la reanudación de las conversaciones entre centrales, empresarios y Gobierno.
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