La huelga de aeropuertos y el "pacto de la Moncloa "

LA CULMINACION de la segunda fase de la huelga de aeropuertos evidencia la incapacidad negociadora del Gobierno. Que este Gabinete no haya podido dar con la fórmula mediante la cual puedan evitarse miles de millones de pérdidas, frente a reivindicaciones salariales que no alcanzan los trescientos millones de pesetas, hace dudar de sus aptitudes para llevar a buen término el conglomerado de dificultades que supone el pacto de la Moncloa.La tesis de que el ministro de Transportes se comprometió a satisfacer las reivindicaciones salariales de modo individual -mantenida entre otros por el vicepresidente político- sin que sus promesas comprometan al Gabinete resulta pueril y frívola. El eco de aquel compromiso, gracias al cual se logró evitar la huelga programada para el 3 de octubre, fue lo suficientemente difundido como para que tuviera conocimiento de él todo el Gobierno, aun en el supuesto increíble de que el titular de Transportes no informara a ninguno de sus compañeros ni al presidente.

Pero lo grave es que los ministros supuestamente encargados de llevar adelante el plan de saneamiento y reforma de la economía evidencien tal grado de falta de cohesión, acusándose mutuamente de errores y permaneciendo a un tiempo -faltaría más- en el Gabinete Suárez. La tesis imperante entre los ministros era que el conflicto no llegaría a materializarse, en base a la escasa presencia de las centrales sindicales entre los trabajadores y, sobre todo, a que los dos anteriores llamamientos a la huelga habían sido anulados a última hora por el comité nacional. Cuando se reunió el Consejo de Ministros el pasado día 11, a las pocas horas de iniciado el paro de tres días y con todos los aeropuertos españoles cerrados, la tesis predominante continuó siendo la de que la huelga se ahogaría en sí misma. El criterio fue obviado de la referencia oficial, aunque el tema había sido debatido, según se pudo confirmar en medios oficiales.

La realidad demostró lo etrado de los planteamientos gubernamentales y entonces algunos integrantes del Gabinete iniciaron una campaña de discrepancias. hasta el punto de exigirse la dimisión inmediata del señor Lladó. Se quería así sacrificar a un ministro para intentar salvar la credibilidad de todo el Ejecutivo, cuando éste era tan responsable como el titular de Transportes de haber provocado la paralización del tráfico aéreo.

Cumplida la segunda fáse de la huelga, la solución del conflicto, sea cual fuere, llegará tarde y mal. Los perjuicios alcanzarán a los trabajadores, al Gobierno y a todo el país.

A estas alturas nadie entiende un conflicto viciado y oscuro, sobre el que se ha hurtado información vital, falseado posturas e intentado bombardear los medios informativos de noticias e informaciones oficiosas. Los españoles padecemos las consecuencias de una huelga incomprensible, sin saber cuánto ganan y quieren ganar los trabajadores, cómo han mejorado sus salarios en 1977, qué categorías y escalas salariales existen y qué capacitación y horas de trabajo tienen cada uno de los estamentos.

Pero el problema de fondo está en que el Gobierno consideraba y considera que si transigía en el tema de los aeropuertos, cuando las reivindicaciones de los trabajadores sobrepasan, a su juicio, los términos del pacto de la Moncloa, éste acabaría por no servir para nada. Ahí reside en realidad la razón de la actitud del Gobierno y es lamentable la poca imaginación política que los ministros han demostrado para defender su postura. Se ha llegado a afirmar que el vicepresidente económico amenazó con dimitir si se transigía en el tema de la huelga y hay que reconocer que el contencioso planteado, en el terreno de los principios, no es sencillo. Claro que buscar un chivo expiatorio y lavarse las manos es demasiado cómodo.

Ahora el Gobierno quiere que el pacto de la Moncloa sea retroactivo y afecte a los convenios de empresa firmados con anterioridad pero con efectos en 1978. Es un criterio respetable pero discutible y los partidos de la oposición no lo van a aceptar tan fácilmente. Entonces se vislumbra la necesidad de un nuevo pacto sobre el pacto: quién lo interpreta a la hora de su aplicación. Se dirá que estaba implícito que debía ser el Gobierno, pero es evidente que no va a ser así: el señor Carrillo está ya empezando a explicar en algunos círculos que para aplicar un pacto común de esta naturaleza se necesita obviamente un acuerdo sobre el Ejecutivo. Vamos, el Gobierno de concentración: Y el señor González parece estar en el convencimiento de que antes o después el pacto le estallará en las manos al presidente. En cualquier caso el fantasma de la crisis vuelve a elevarse -si alguna vez desapareció- sobre las sombras de la Moncloa. Va a tratarse de demostrar que un Gobierno monocolor de UCD no puede él solo aplicar el pacto; y que, por su puesto, no es admisible que por no querer compartir el poder, este acuerdo de la Moncloa, ya calificado por todos de histórico, se convierta en papel mojado. Y si no, al tiempo.