La huelga de aeropuertos

LA PARALIZACION de la totalidad de los aeropuertos españoles es un acontecimiento de tal gravedad que supera con mucho el carácter de conflicto meramente laboral. Probablemente, la huelga de los 11.000 trabajadores de la Subsecretaría de Aviación Civil es el único dato que pueda predicarse de manera inequívoca como una reivindicación laboral pura. En todo lo demás, este conflicto es un modelo de confusión.Para darse una idea clara del auténtico carácter del conflicto hay que advertir de antemano que entre estos trabajadores del Ministerio de Transportes, que recientemente han pasado de la administración militar a la civil -recogiendo así una de sus más antiguas reivindicaciones-, y precisamente por el condicionante de aquella dependencia, la sindicalización es muy baja. No hay centrales sindicales mínimamente representativas en este sector, aunque se haya constatado la presencia en pequeña parte de militantes de los sindicatos más representativos (CCOO y UGT). Si la totalidad de los 11.000 trabajadores se han declarado en huelga lo han hecho sin representantes sindicales, como cuerpo entero, y sin mezcla alguna de ideologías. Con independencia de que los dirigentes del conflicto muestren una conciencia sindical definida. Pero, en realidad, sindicatos y partidos políticos no apoyan a los huelguistas, que pueden quedarse solos víctimas de la política de unos y otros. La respuesta de los parlamentarios de izquierda contactados por los huelguistas no ha superado el protocolo de guardar las formas ante la clientela electoral, afirmándose en su llamamiento a la responsabilidad obrera para evitar desestabilizaciones peligrosas para la democracia.

En el pasado mes de mayo, ante una amenaza de huelga -pues hay que recordar que estos trabajadores han aplazado por dos veces sendos llamamientos al paro, hasta que a la tercera ha llegado la vencida-, se cumplió el traspaso de estos trabajadores de la administración militar a la civil. Pero sus reivindicaciones no terminaban en ello, pues también reclamaban una nueva clasificación del personal y aumentos de sueldos que en aque1entonces no fueron rechazados como irrácionales. Concretamente, este aumento suponía un desembolso de unos 260 millones de pesetas hasta final de año, cien de ellos provenientes del levantamiento de una congelación de salarios que les afectaba como personal militar.

La huelga se paró en dos ocasiones, mediante esta desmilitarización del personal y el acuerdo de negociar la clasificación y los nuevos sueldos. Y hasta se llegó, a final de septiembre, a la promesa verbal del Ministerio de Transportes accediendo a la petición de 30.000 pesetas mensuales como salario mínimo en el sector. Tras seis meses después de la apertura de las negociaciones, y mes y medio de la promesa de que todo estaba arreglado, los trabajadores se han sentido engañados y han ido a la huelga como un solo hombre. La situación se ha podrido a causa de la lentitud de la administración. Lentitud que, al tiempo que causaba un evidente perjuicio a los trabajadores, traicionaba la palabra dada y situaba este conflicto, merced a estos injustificados retrasos, como un atentado al pacto de la Moncloa.

No es este el único ataque que va a experimentar el compromiso al que los partidos políticos y el Gobierno han llegado en la Moncloa. Habrá que examinar las responsabialidades caso por caso, desde luego. Pero en lo que respecta al conflicto, que ha paralizado los 38 aeropuertos civiles nacionales, hay que señalar que se trata, evidentemente, de la mejor de las maneras para hacer mal las cosas. Si el pacto de la Moncloa debe heredar más situaciones de este tipo, no cabe duda de que su autoridad moral desaparecerá rápidamente. Y que el consensus logrado a nivel del Gobierno y de los estados mayores de los partidos políticos no se habrá plasmado en el correspondiente consensus nacional.

La huelga, además, va a costar durante estos tres días 3.000 millones de pesetas, afectará a más de 300.000 personas y provocará inquietud, tensión y malestar en todos los niveles económicos, políticos y hasta en la simple vida de los ciudadanos. Tantas pérdidas, acumuladas frente a un desembolso de 260 millones y el desprestigio moral que supone faltar a las promesas ya dadas, suponen un conflicto, de naturaleza evidentemente política.

Pero por otro lado, si ahora el Gobierno hubiera cedido a las reivindicaciones de los trabajadores, la coartada se convertiría en boomerang. El pacto de la Moncloa habría perdido credibilidad, y siempre cabría pensar para qué se había llegado a la prueba de fuerza y a estas enormes pérdidas. Pero hubiese cumplido su palabra. Si no cede, su autoridad moral quedará, asimismo, en entredicho, y en consecuencia, también los acuerdos de la Moncloa, la principal víctima de este conflicto que nunca debió haberse producido.