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Consejo de Ministros

Regulación del control parlamentario del Gobierno

El Gobierno solicitará la celebración de un Pleno parlamentario para la primera quincena de octubre, según decisión adoptada ayer en Consejo de Ministros. En el Pleno citado, el Gabinete Suárez presentará su programa completo de actuación económica. Asimismo, acordó remitir a las Cortes un proyecto de ley regulando provisionalmente las relaciones entre el Congreso y el Senado en el ejercicio del control parlamentario.Por lo que se refiere al tema económico, el Consejo de Ministros recibió un informe «amplio y detallado» -según la información oficial que no desvela el contenido del informe- de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, sobre la situación económica y el desarrollo y aplicación de las medidas contenidas en el programa de saneamiento financiero que fue aprobado el día 24 del mes de julio pasado.

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A la vista de dicho informe, el Gobierno ha deliberado sobre la situación económica, a la que ha calificado de grave y ha decidido proceder con urgencia y establecer el calendario de aplicación del resto de su programa económico- «de modo que sea posible llevar a cabo los ajustes precisos -dice textualmente- para superar la actual crisis económica».

El proyecto de ley que se remitirá con carácter de urgencia a las Cortes para que se regulen con carácter provisional las relaciones entre el Congreso y el Senado en el ejercicio del control parlamentario del Gobierno, desea responder con carácter inmediato, aunque provisional -precisa el Gabinete-, «a una situación de vacío legislativo que dificulta seriamente el funcionamiento de los órganos e instituciones a quienes corresponde la responsabilidad de gobernar».

El proyecto tiene en cuenta la necesidad de un control institucional del Gobierno por parte de las Cámaras y la necesidad simultánea de que la acción gubernamental disponga de instrumentos legales que aseguren su eficacia. En definitiva, lo que el Gobierno desea que se regule es la moción de censura -entendida como «facultad de las Cámaras de expresar una valoración negativa de las decisiones del Gobierno»- y la cuestión de confianza, como «facultad del Gobierno de pedir en todo momento a las Cortes que expresen su confianza».

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