Salario mínimo de 500 pesetas y asistencia de abogado desde el momento de la detención

En contra de lo esperado no se trató, al menos según la referencia oficial, el tema de la amnistía total en el Consejo de Ministros celebrado ayer, el cual se prolongó durante doce horas. La larga duración del Consejo parece significar que en el mismo se trataron temas de carácter político referentes al momento actual, que no han sido reflejados en la referencia oficial. Entre los acuerdos adoptados destacan la aprobación de un nuevo salario mínimo, fijado en quinientas pesetas diarias, y el envío a las Cortes de un proyecto de ley que prevé la asistencia de abogado al detenido desde el mismo momento de la detención. Asímismo, se enviará a las Cortes un proyecto para regular el voto de censura al Gobierno y la cuestión de confianza.

Tres proyectos de ley serán remitidos para su discusión en las Cortes a propuesta del Ministerio de Justicia. El primero de ellos tiene por objeto derogar la ley de Bases Orgánica de la Justicia, aprobada. en noviembre de 1974, por estimarse que los postulados esenciales que la informan no responden ya a las circunstancias actuales de democracia política. Por otra parte, resulta necesario reforzar principios tan fundamentales en el ambito judicial, como los de independencia, inamovilidad, incompatibilidades y unidad jurisdiccional, no consagrados suficientemente o no desarrollados con la claridad necesaria. Esta ley, ahora derogada, tuvo en su día una oposición generalizada en los medios de la Administración de Justicia.El segundo proyecto de ley se refiere a la situación administrativa de los magistrados, jueces y fiscales que desempeñan cargos políticos o de confianza. El proyecto intenta corregir la normativa vigente, que admite la excedencia especial con reserva de plaza en estos casos, en el sentido de que sólo se conceda la excedencia voluntaria. Ello para garantizar la necesaria independencia de la Justicia y evitar, las funestas consecuencias que la reserva de plaza conlleva en la organización y actividad procesales, al permanecer los cargos sin titular por tiempo indefinido.

Finalmente, el, tercer proyecto prevé la modificación de diversos artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal con la finalidad de reforzar la garantía de los derechos de la persona. En este proyecto no sólo se reconoce a todo detenido o preso el derecho de designar procurador y abogado desde el mismo momento de su detención o prisión, sino que se introducen las necesarias modificaciones legislativas para que cualquier persona a quien se le impute un acto punible pueda ejercitar el derecho de defensa antes del auto de procesamiento.

A propuesta de Trabajo, el Gobierno aprobó un nuevo salario mínimo, que se fija en quinientas pesetas diarias o 15.000 mensuales para los trabajadores mayores de dieciocho años a partir del 1 de octubre.

También acordó, a propuesta del mismo Departamento, la transferencia de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, cuyos detalles no especifica la referencia del Consejo.

A propuesta del titular de Economía, y en el marco de reducción progresiva de los circuitos privilegiados de financiación, el Gobierno acordó elevar los tipos de interés de los créditos destinados a financiar las inversiones acogidas a las acciones concertadas del sector industrial, y coloca al mismo nivel que el vigente para la financiación por la banca privada, con cargo al coeficiente de inversión, el tipo de interés de los créditos para construcción de buques acogidos al decreto convocatoria de mayo del 76.

Modificación de la normativa sobre pasaportes

El Gobierno aprobó también un real decreto por el que se modifica la actual normativa sobre pasaportes. La nueva disposición reduce las potestades tradicionales de la Administración en cuanto a la retirada, retención o denegación de pasaportes, amparándose para ello en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y normas aplicables a la Europa comunitaria sobre esta materia, según explica la referencia oficial.

Cambio de los distritos universitarios de Bilbao y Valladolid

La Universidad de Bilbao, creada el 6 de junio de 1968, tenía limitado su ámbito territorial a la provincia de Vizcaya. Según explica el Gobierno en su referencia oficial, «una adecuada institucionalización de la enseñanza universitaria con sentido integrador del País Vasco ha movido al Gobierno, recogiendo el sentir popular, reiteradamente manifestado, a extender el marco del distrito universitario de Bilbao a las provincias de Alava y Guipúzcoa».

Finalmente, el Consejo aprobó el reglamento del cuerpo especial de Controladores de Circulación Aérea, por el que se confiere a este personal el carácter de funcionarios civiles de la Administración del Estado, encuadrándoles orgánicamente y funcionalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al tiempo, quedan claramente diferenciadas las competencias que ejercen en relación con el control de la circulación aérea general, habiendo sido deslindados ya los campos de actuación que corresponden a las autoridades militares de aquellos que son propios de la Administración Civil del Estado.