La reforma fiscal
LA LIBERALIZACIÓN del sistema financiero constituye requisito imprescindible para acercar el sistema económico español hacia mínimos de eficacia y competencia; la política de rentas se configura como básica para vencer las tensiones inflacionistas y medio de asegurar la supervivencia de nuestra economía; la reforma fiscal es, finalmente, el impulso que debe poner en marcha un esfuerzo de solidaridad nacional y debe convertirse en la demostración de que el Gobierno está dispuesto a luchar por conseguir una sociedad justa.La reforma va a hacer desaparecer una de las excusas en que se basaba el bajo nivel de servicios y prestaciones que el sector público ofrece a la sociedad española. En comparación con la media de los países de la OCDE, en los cuales el gasto público representó en los años 1974-75 entre el 45 y el 50% del producto nacional bruto, en España la misma magnitud se situaba en torno al 25%. Con un cierto grado de cinismo podría apostillarse que afortunadamente, dada la falta casi absoluta de flexibilidad con que el sistema impositivo recauda los recursos que financian ese gasto.El español es un sistema impositivo en el cual la recaudación no varía automáticamente con la elevación de la renta. Esta falta de flexibilidad comporta la regresividad y la injusticia e inutiliza los impuestos como instrumento estabilizador de política económica.
Hay que tener en cuenta queen 1976, los impuestos, indirectos representaban el 59,5 % del total de los ingresos de la Administración Central, mientras que la suma del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el de sucesiones suponían tan sólo el 6% de los impuestos directos y únicamente un 2,5% del total de los impuestos. Hay por eso que terminar con el predominio del impuesto sobre el producto e ir hacia un sistema cuya columna vertebral sea el impuesto general sobre la renta de las personas fisicas y sobre los beneficios empresariales. A ellos acompañarían un impuesto sobre el patrimonio neto, otro sobre las sucesiones y un último, aplicable al consumo a través de los impuestos sobre las ventas. Los actuales impuestos sobre tráfico de capitales y sobre consumos específicos perderían prácticamente su importancia. Una estructura así del sistema impositivo introduciría dos rasgos fundamentales y altamente deseables: la generalidad del impuesto y su progresividad.
Para asegurarse del éxito de la reforma fiscal, de su aceptación plena por los españoles así como de su ejemplaridad, es preciso que el Gobierno intente por todos los medios conseguir dos objetivos: a) que la Administración cuente con la información necesaria para conocer las bases reales de cotización sobre rentas y patrimonios efectivos de los sujetos tributarios. De ahí la trascendencia de la posibilidad de investigar las cuentas corrientes bancarias; b) que esa misma Administración tributaria adopte una estructura eficaz y cuente con personal y medios suficientes para llevar a cabo su tarea. Lo primero impone, ante todo, el acabar con la actual especialización por tributos. La división de competencias tributarias entre cuerpos debe desaparecer cuanto antes, dejando el camino abierto para un tratamiento global del impuesto. Respecto al tema de los medios es necesario que el Ministerio de Hacienda cuente con el personal necesario y que el mismo sea remunerado según criterios de mercado y dedicado con exclusividad a las tareas de inspección fiscal. La convocatoria de 1.500 plazas para el cuerpo de inspección -anunciada en el pasado Consejo de Ministros- es así una espléndida noticia. Estos son, a nuestro juicio, los problemas generales que el Gobierno ha detener en cuenta al acometer su.reforma fiscal. Sólo queda insistir en que esas líneas de reforma deben ser conocidas del público y debatidas en las Cortes cuanto antes.
