Sobre el mentís del PSUC

EL COMUNICADO hecho público por la oficina de prensa del PSUC (véase página 13) desmiente la información publicada en EL PAIS el pasado día 27 sobre los eventuales desacuerdos entre un sector de la Asamblea de Parlamentarios, por un lado, y el señor Tarradellas y los diputados y senadores que le apoyan, por otro. Tanto el tono inusitadamente duro empleado por la nota como las consecuencias negativas para el proceso autonómico catalán que aquella atribuye a la citada información, nos hace abandonar nuestro habitual criterio de no entablar polémicas a propósito de rectificaciones y aportar algunas precisiones sobre el origen de la noticia, la necesaria distinción entre el papel de la prensa y la función de los partidos, y la opinión mantenida por este periódico a propósito de la cuestión catalana.Por lo pronto, aunque deploremos la virulencia de sus palabras, nos parece lógico que el PSUC se haya decidido a desmentir una información que considera falsa -aunque sería más razonable que la considerara, en todo caso, errónea- y, al tiempo, perjudicial para los intereses de Cataluña y los suyos propios.

Hay que decir además que una delegación de la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña, con mandato de la UCD, el Pacte Democratic, los socialistas de Cataluña, el PSUC y los senadores de la Entessa dels Catalans, acudieron a EL PAIS en la tarde del miércoles para expresar solidariamente, y a título amistoso, su preocupación, por la línea informativa de nuestro periódico respecto al tema catalán.

Cuando les ofrecimos las páginas dé EL PAIS para que desmintieran la noticia en cuestión, nuestros visitantes rechazaron, tanto en nombre de la Asamblea como de los partidos más directamente lesionados por la noticia, esa posibilidad, con el argumento de que era mejor no caer en polémicas y no remover la basura.

La información publicada en EL PAIS, en el caso de ser incierta, no sería una noticia inventada por un periodista, sino la consecuencia de un falso testimonio. Razones obvias nos impiden hacer público el nombre del informante, pero esa persona existe, tiene nombre y apellidos, y desempeña funciones de responsabilidad en el Partido Socialista de Cataluña, que forma parte con la Federación Catalana del PSOE de la coalición electoral, y el grupo parlamentario de los socialistas de Cataluña. Según nuestras noticias, el interesado ha comunicado al secretariado general de su partido su identidad como fuente de la información.

Pero no parece tan importante saber quién está en el origen de la crónica de EL PAIS como quien es el responsable de que se haya «filtrado» un documento de tanta envergadura como el proyecto de decreto-ley preparado por la Asamblea de Parlamentarios catalanes para el restablecimiento de la Generalidad, suceso que ha dado pábulo a la polémica. El documento era conocido solamente por un reducido número de personas y sin embargo, fue transmitido a la agencia de prensa del Gobierno, al parecer, antes de que fuera completamimte aprobado por los propios parlamentarios. Y es verdaderamente lamentable que el airado mentís del PSUC, en contra de la acusación contra él lanzada de estar en el origen de la «filtración», se limite a negarlo sin interrogarse sobre quién lo ha «filtrado», en realidad. El PSUC y los parlamentarios catalanes en su conjunto, directamente afectados por este problema, son los únicos que pueden arrojar luz en este «Watergate» catalán, según expresión de la propia prensa de Barcelona.

Por lo demás, nos parece oportuno hacer algunas reflexiones sobre el mutismo que en la actualidad adoptan como criterio de comportamiento los partidos y agrupaciones democráticas; y no sólo en Cataluña, por supuesto, sino también en el resto de España. En el caso específico de la política catalana, no tenemos sino recordar la empecinada obstinación de sectores de la opinión democrática en negar los contactos entre el señor Tarradellas y el Gobierno de Madrid; o, más recientemente, ciertos ataques de la prensa catalana contra este periódico, que en una nota editorial había denunciado la insuficiencia de la Mancomunidad como fórmula de tránsito hacia las instituciones de autogobiemo y el olvido de la Asamblea de Parlamentarios como órgano en el que se encarnaba la soberanía del pueblo catalán. Allí donde los centros de decisión simulan unanimidades inexistentes, ocultan disensiones y opacan la información, se abre una amplia brecha que aleja a los simples ciudadanos hasta el fondo del paisaje y les puede llegar a hacer creer que la clase política de la democracia es al final tan elitista y hermética como la de la dictadura.

Digamos, para terminar, que la rotundidad del desmentido del PSUC y la solidaridad mostr ada, por lá delegación de parlamentarios que visitó este periódico puede crear una presunción a favor de que el informante del corresponsal de EL PAIS en Barcelona desfiguró una noticia que en su origen debía ser distinta. A este respecto, EL PAIS y su dirección se responsabilizan de la honestidad y capacidad profesional de quien recogió la noticia, nuestro corresponsal en Barcelona, Alfons Quintá, tan violentamente atacado en la nota oficial del PSUC. No negamos la posibilidad de error de los periodistas. Rechazamos en cambio tajantemente las ridículas afirmaciones de que EL PAIS pretende entorpecer el proceso autonómico catalán.

Ahora bien, creemos que es un deber de la Asamblea de Cataluña y de todos los que participan en estos momentos en la elaboración de la política catalana, suministrar una mayor y más clara información, no sólo sobre sus proyectos, sino también sobre los obstáculos, fricciones y roces que impiden o dificultan su realización. Y por nuestra parte no tenemos más que ratificar la posición mantenida desde las páginas editoriales de este periódico a propósito de la cuestión catalana: sólo la negociación en las Cortes del Estatuto de Autonomía podrá situar a las instituciones catalanas de autogobiemo sobre las sólidas bases que les permitan resistir cualquier presión antidemocrática o centralista; y hasta que las Cortes aprueben ese Estatuto, la Asamblea de Parlamentarios es el órgano indicado para negociar el régimen provisional que, en ningún caso, puede ser la plasmación concreta de una mera fórmula de descentralización administrativa.