Los funcionarios municipales de Vigo, sin asistencia médica

Desde hace unos dos meses el centro médico Povisa ha dejado de prestar atención a los funcionarios municipales de Vigo, que se encuentran, sobre todo los de menos ingresos, en una difícil situación. Al parecer, el motivo de esta actitud por parte del centro hospitalario se debe a que la entidad aseguradora que ha concertado con el Ayuntamiento los servicios médico-quirúrgicos IMQE (Instituto Médico Quirúrgico de Especialidades, SA), de Madrid, debe a Povisa 1.300.000 pesetas por servicios realizados en los últimos meses.La situación y los problemas directa o indirectamente del policlínico con el Ayuntamiento de Vigo vienen ya de hace varios años, pues desde hace dos el Ayuntamiento debe unos dos millones de pesetas al centro, por servicios prestados en un concierto entre ambos. La cifra era poco antes de unos seis millones, de los que últimamente el Ayuntamiento ha librado cuatro.

De todas formas, el tema tendrá otras implicaciones, porque Covisa ha puesto el asunto en manos de sus abogados, y es posible que requiera judicialmente a IMQE el pago de su deuda. Por otra parte, el Ayuntamiento, ante el problema creado a sus funcionarios, ha decidido denunciar ante el delegado de la entidad aseguradora la situación.

Al parecer, la cuestión se reduce a una falta de entendimiento entre las partes. Por una, IMQE marcaba unos períodos de tiempo de estancia en el sanatorio de los enfermos asegurados, aunque en la mayoría de los casos ese tiempo no resultaba suficiente y el internamiento había de prolongarse. Aunque en principio pagaba esas diferencias al centro médico, desde hace unos dos meses y medio ha dejado de abonarlas hasta alcanzar la cifra señalada. También pudiera ser que el Ayuntamiento se hubiese retrasado en el pago de las primas, pero un portavoz de esta entidad aseguró a EL PAIS que estaban al día y que la comisión correspondiente había aprobado el pago del pasado mes de junio. La prima es de 890.000 pesetas que, al parecer, podría resultar insuficiente a IMQE para hacer frente a los pagos al sanatorio.

El caso es que, en definitiva, quienes están sufriendo directamente son funcionarios que se creían protegidos por un seguro de asistencia médica y tienen que recurrir a sus propios médicos o al Hospital Municipal en las mismas condiciones que los asistidos por la Beneficencia. Entretanto, en sus nóminas se les continúan descontando poco más de doscientos pesetas para el seguro privado.

El problema de los funcionarios se extiende también a la provisión de medicinas, de las que pagan un 20 %, corriendo el 80 % restante a cargo del Ayuntamiento. Por lo visto éste se retrasa excesivamente en los pagos al Colegio de Farmacéuticos y adeuda, a dos farmacia, por lo menos, unos dos millones de pesetas. En cualquier caso, el 20 % de las medicinas consumidas es puntualmente deducido de la nómina de los funcionarios.