El programa económico del Gobierno

Del grupo de economistas del PSOE

La declaración programática del pasado lunes 11 de julio, la intervención en RTVE del ministro Fuentes, el día 9, y la entrevista en EL PAIS a los ministros de Economía y de Hacienda, el día 17, permiten conocer cuáles van a ser las líneas fundamentales de la política económica del actual Gobierno.

El esquema central sería así: los dos problemas o desequilibrios principales, el interno (inflación) y el externo (balanza de pagos) responden a una causa última (el modelo de crecimiento vigente hasta ahora) y a otra próxima (la crisis mundial de fines de 1973). La solución de los problemas exige un programa que comporta una serie de sacrificios que hay que repartir equitativamente. Para ello se cuenta principalmente con la política salarial y la fiscal. Para esta política de saneamiento es necesaria, se dice, la colaboración de todos. El programa incluiría, además, unas políticas que buscan una mayor racionalidad del sistema económico, librándolo de las trabas que impiden un auténtico desarrollo.

El punto central del esquema es realmente la política de salarios, y es en éste en el que la declaración habla de la «colaboración de las representaciones sindicales». Curiosamente, la declaración no habla explícitamente, en ningún momento, de negociar -mientras -que por lo menos tres veces habla de colaboración- al contrario que el ministro Fuentes, quien en su intervención sí utilizó ese verbo. También en su entrevista en EL PAIS ambos ministros insisten en la necesidad de la negociación.

El tema salarial es, repitámoslo, el eje del programa. Se trata, obviamente, de un tema político. Como señaló el ministro Fuentes en su intervención, «las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas, sino políticas». El tema es, en último término, un problema de poder. Quien detenta una mayor cuota del poder tiene capacidad para imponer su diagnóstico y sus recetas.

No es cierto que la Oposición sea parte del Poder. La Oposición detenta una cuota de poder social (el que le dan sus bases, pero poder insuficiente, ya que está sensiblemente limitado por la carencia de las plenas libertades formales, especialmente en el terreno laboral y sindical) y de poder legislativo (también muy recortado, por lo que actualmente es casi testimonial). Enfrente, el bloque hegemónico detenta el poder estatal y el económico con un dominio hoy incontestable, reforzado por su control de la mayor parte de los medios de comunicación de masas.

El eje central del programa es recortar las rentas salariales con objeto de lograr un cambio en la distribución funcional de la renta en favor del excedente de explotación empresarial y de la tasa de. beneficio. Esta es la filosofía que subyace en el programa. Se trata, en definitiva, de hacer recaer lo sustancial de la lucha contra la inflación sobre determinados grupos de la sociedad: los que tienen menos fuerza. Al fin y al cabo, la inflación no es sino una expresión más de la lucha de clases.

No hay todavía mención alguna de otros elementos como las rentas no salariales y a aspectos estructurales, como por ejemplo los -canales de comercialización y los precios practicados por las empresas monopolísticas. Quizá se piense que la reforma fiscal es el camino para incidir en las primeras (aunque algunas de ellas se pueden controlar directamente si se quiere) y la flexibilización del sistema para los segundos. En cualquier caso, sólo se habla explícitamente de rentas salariales, lo que es muy sintomático.

Reforma fiscal

La moderación en dichas rentas se presenta como una contrapartida al sacrificio que la reforma fiscal va a suponer para determinados sectores de la sociedad española.

La configuración actual del sistema tributario de nuestro país, así como la aplicación que del mismo se hace, no es casual ni caprichosa, sino que obedece a determinados intereses. Si hay una prodigiosa evasión fiscal, si existe cómo práctica consagrada la doble contabilidad, si la injusticia es la regla general, ésto no es por azar. Es fruto del sistema capitalista existente: un capitalismo raquítico, de rapiña, y que utiliza burdamente el poder estatal en su provecho.

Lo mismo cabe decir de lo que se califica en la declaración como «intervenciones y protecciones injustificadas». No son injustificadas, sino que responden a los intereses de determinados grupos sociales.

Todo ello quiere decir que, conforme el programa se vaya concretando, es más que probable que se desarrollen contradicciones dentro del bloque hegemónico, puesto que los intereses al interior del mismo no van a ser siempre coincidentes. Puede darse el caso de que esta parte del programa no llegue a instrumentarse legalmente o que se instrumente y no se aplique. Es ya sintomático que se hable en la declaración de reducción -y no de supresión- de los circuitos privilegiados de financiación y que en esa misma declaración ni se nombre el tema de la especulación del suelo, a la que días antes el ministro Fuentes había calificado de «lacra improductiva».

Desempleo

El paro recibe un tratamiento residual y poco completo. Por lo menos tres instrumentos de los citados en la declaración exigen mayor gasto público, y el cuarto -los incentivos-, una renuncia a ingresos. En resumen, necesidad de mayor recaudación, algo no fácil de lograr en el corto plazo por la vía de los impuestos directos.

Además, es más que probable que la política de austeridad lleve aparejado un incremento de la ya muy alta cifra de desempleo. En este caso concreto, y sin ninguna duda, el sacrificio va a recaer sobre las clases más desposeídas.

Todo esto no obedece al azar. Es el resultado de un sistema que busca elevar la tasa de beneficio vía reducciones salariales y mantenimiento de un nivel alto de paro. Es este sistema capitalista el que las medidas que se pretenden aplicar busca hacer más eficiente, más racional en su conjunto, aun a costa de algunos sacrificios en el bloque dominante, sacrificios rentables si se asegura -y de ello se trata- la continuidad del sistema.

Planteadas así las cosas, el margen de maniobra de la oposición política y sindical y de los sectores sociales que representan, no resulta cómodo. Si bien, a nivel social, la correlación dé fuerzas no es desfavorable para esos sectores, sí lo es a nivel de la superestructura. Y es ahí, a ese nivel, donde el poder va a pretender jugar sus bazas de mayor peso. En último término, ahí quedan las afirmaciones en la declaración programática de que están en peligro «la estabilidad y el asentamiento de las instituciones democráticas recién conquistadas» en caso de que la economía no se sanee.

Aun así, conviene recalcarlo, el margen de maniobra existe y corresponderá a la Oposición utilizarlo adecuadamente en el doble plano, político y social. Es decir, en el Parlamento, en los centros de trabajo y en los barrios.