Un mal paso

ES INNEGABLE que la intervención del vicepresidente para Asuntos Económicos, señor Fuentes Quintana, y la declaración programática del Gobierno, leída por el ministro adjunto para Relaciones con las Cortes, señor Camuñas, habían producido honda impresión en la opinión pública y recibido una acogida favorablemente expectante en los medios de información. La sinceridad en reconocer la gravedad de la situación, la valentía en indicar que el primer paso consistiría en una reforma fiscal, la insistencia en asegurar que el Gobierno negociaría con la Oposición sus decisiones, todo parecía augurar que el Gabinete Suárez iba a contar con un equipo económico con ideas claras y dispuesto a actuar de forma coherente.Pero, una vez más, las páginas del Boletín Oficial del Estado han proyectado una gran sombra en tan ilusionada actitud. En efecto, un real decreto del Ministerio de Comercio y Turismo, publicado en el BOE del día 19 de julio, «establece disposiciones complementarias a la normativa vigente en materia de precios». No se deje engañar el lector por tan gris y burocrático encabezamiento, pues lo que tras él se esconde es una ambiciosa política a lo rey Canuto dirigida -¡nada menos! - a regular los precios.

En un inefable preámbulo, el real decreto nos explica que «el elevado grado de inflación que soporta la economía española y el indispensable ajuste realizado en la paridad de nuestra moneda, hace necesaria la adopción de medidas... que permitan que sus variaciones se sitúen dentro de unos justos límites y que los empresarios, conociendo las orientaciones de la política de precios, puedan colaborar, bajo su propia responsabilidad, en el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno».

Olvidemos las reminiscencias escolásticas de la referencia al precio justo y al paternalismo implícito en que los empresarios sepan lo que quiere el Gobierno; se trata de adoptar un régimen transitorio -entre el 12 de julio y el 30 de septiembre- para todos los bienes y servicios no incluidos en un régimen de vigilancia especial y precios autorizados. Según dicho régimen, en esos dos meses y medio los empresarios sólo podrán repercutir los incrementos que en sus costes de producción se hayan originado desde el 12 de julio. La inconcreción de la redacción deja oscuro si esta situación transitoria se aplica sólo a los veintitrés productos básicos establecidos en el real decreto de 26 de noviembre de 1976 o, si como todo induce a pensar, el intento se refiere a iodos los bienes y servicios no incluidos entre los 58 autorizados y los ochenta de vigilancia especial.

Pues bien, difícilmente se hallarán en menos líneas más atentados a la buena lógica económica que las del citado preámbulo del real decreto de Comercio. Cuando los libros de texto más elementales nos dicen que la eficacia de una devaluación depende en gran parte de que su efecto se deje sentir íntegramente en los precios interiores, parece como si nuestras autoridades se empeñaran en intentar lo contrario, para desgracia de la economía española. Se objetará que se trata de impedir que bajo pretexto de encarecimientos debidos a la devaluación, empresarios poco aprensivos aprovechen para elevar indebidamente sus precios. Pero si uno cree, como el Gobierno manifiesta, en «un sistema de libertad económica y de mercado... y se propone... eliminar las trabas, intervenciones... injustificados...», el medio más apropiado no reside en reforzar la burocracia de los servicios de vigilancia, las inspecciones y los expedientes, sino en dejar jugar al mercado, aun cuando las consecuencias del juego no nos gusten en un principio.

No sabemos muy bien si el Ministerio de Comercio, al que de seguir por ese camino pronto habrá que calificar de Ministerio de Intervención, se habrá percatado de que, en el futuro, se le podrá tener por entero responsable de la inflación, pues, al menos en teoría, controla. todos los precios; o si la Vicepresidencia para Asuntos Económicos reaccionará con rapidez a lo que, a ojos de un observador atento, aparece como una ruptura clara del principio de coherencia de planteamientos y unidad de decisión.