La Leyland admite que pagó "comisiones especiales"

British Leyland pagó, en efecto, comisiones especiales a agentes extranjeros, sobre todo en Oriente Próximo, porque no tenía más remedio que seguir el ejemplo de sus competidores para colocar su mercancía automovilística en el mercado, admitió ayer un alto ejecutivo de la empresa nacionalizada. El ejecutivo, que prefirió mantenerse en el anonimato, trató así de disminuir la controversia que se ha creado en Gran Bretaña sobre las actividades de la Leyland, que en el año financiero 1975-76 se gastó el equivalente de 330 millones de pesetas en aquellos pagos.

Lo que continúan negando British Leyland y la entidad estatal que la controla, el National Enterprise Board (NEB) es la autenticidad de la carta que se dice que el presidente del NEB envió al director de la Leyland, comentando algunos aspectos de los pagos extraordinarios de la compañía.Parece que la carta, que implicaría gravemente al Gobierno en este caso de soborno, es falsa. Para encabezar el comité que va a dirigir la investigación del affaire ha sido nombrado el propio supuesto autor de la carta, Lord Ryder, que ha regresado de unas vacaciones en Grecia para enfrentarse a uno de los escándalos más embarazosos que haya sufrido la Administración laborista.

La investigación irá hasta el fondo y se polarizará en aquellos sectores comerciales británicos que hayan podido estar envueltos en las prácticas de las que se acusa a la empresa estatal, según ha anunciado el Gobierno.

Consecuencias políticas

Las denuncias contra la Leyland han producido una reacción instantánea de otros exportadores británicos, que han dado a conocer a la prensa sus órdenes contra toda posible corrupción de sus agentes. Las advertencias de las compañías se hicieron sobre todo desde que comenzaron a publicarse referencias a escándalos protagonizados por la Lockheed y la Northrop norteamericanas. En todos los comunicados se alude, a las dificultades de ambas organizaciones para justificar restricciones de aquel tipo. Entre las comunicaciones, las de British Steel Corporation, la empresa nacionalizada del acero, resume el contenido de las restantes: «Nuestros empleados -dice- no deben entregar regalos a sus clientes.»Si se confirma la autenticidad de la carta de Ryder al director general de Leyland aceptando implícitamente los sobornos de la compañía, las consecuencias políticas del escándalo podrían ser incalculables en este país.

Scotland Yard, la policía británica, estudiará la autenticidad de la carta, que presenta varios errores y no se relaciona con la correspondencia oficial de Lord Ryder.

La investigación sobre el resto de los aspectos de las denuncias acerca de los sobornos de la Leyland va a tener también carácter internacional. En Holanda se trata de descubrir si un contrato de catorce millones de libras, unos quinientos millones de pesetas, que consiguió British Leyland con el Ministerio holandés de Defensa, se obtuvo con el uso de métodos irregulares.

No es el primer escándalo que se produce en Gran Bretaña en el área en la que la Leyland está, mezclada ahora. Según las denuncias, la compañía ha utilizado algunos políticos extranjeros para asegurar, sus ventas. Con parecidos objetivos, la Shell y la BP, las dos compañías petrolíferas británicas, financiaron a lo largo de cinco años a partidos políticos italianos para ganarse sus favores.