Euskadi: hay que que llegar al 15 de junio
UNA VEZ más se ha puesto en marcha en Euskadi la espiral de la violencia y el mecanismo de «acción-reacción-acción» que viene ensangrentando las tierras vascas desde hace varios años. Las manifestaciones en favor de la amnistía total, limitadas en un primer momento a Guipúzcoa, se saldaron anteayer con un muerto y varios, heridos graves. De forma inmediata, los sentimientos de solidaridad con las víctimas, y de protesta por los desproporcionados medios puestos en práctica por las; fuerzas de orden público para disolver a los manifestantes han movilizado al resto de las provincias vascas. Ayer, el paro fue casi total en Guipúzcoa, elevado en Vizcaya y considerable en Alava y Navarra.Las consecuencias son tan dolorosas en el aspecto
humano como peligrosas en el plano político. La pérdida de vidas -ya casi cincuenta en dieciocho meses- parece ya un simple dato estadístico para el cálculo de los costos sociales de la democratización, en vez de un bárbaro e inutil tributo impropio de un país civilizado. El distanciamiento del País Vasco del resto de la comunidad nacional no sólo no disminuye, sino que aumenta a medida que se desenvuelve la «reforma política». La esperanza de que las elecciones se celelbren en Euskadi en un clima de normalidad se va progresivamente desvaneciendo.
Ciertamente, los problemas de Euskadi ni son de hoy nitienen una solución fácil. También es verdad que el Gobierno Suárez ha dado serios pasos hacia la desdramatización de un conflicto enconado por el malgobierno del régimen franquista y por la torpeza y arrogancia del Gabinete Arias, en cuyo abultado pasivo figuran con letras rojas las matanzas de Vitoria y Montejurra. Sin embargo,
los caminos hay que recorrerlos hasta el final para que el
tramo inicial tenga sentido. La despenalización de la ikurriña, la abolición del preámbulo del decreto-ley de 1937, la ampliación de la amnistía, el restablecimiento de las Juntas Forales y las promesas de una revisión de la estrategia del orden público en las zonas industriales pueden convertirse -están a punto de convertirse- en
medidas insuficientes y früstradoras si no desembocan en
un replanteamiento global y radical de la política estatal
en Euskadi. Como hemos señalado en anteriores comentarios, la amnistía de los delitos de intencioialidad política es una exigencia histórica, avalada no tarito por razones jurídicas como por razones de Estado. Y la inclusión en la agenda de las futuras Cortes Constituyentes de la negociación de un Estatuto de Autonomía pam Euskadi debe anunciarla el Gobierno con vagas y poco comprometedoras alusiones a los «problemas regionales», sino de
manera clara y rotunda. Porque, desde la proclamación de la candidatura del señor Suárez, el Gobierno es y tiene un partido propio, que debe formular ante el electorado, con toda nitidez y precisión, sus opciones para el futuro. Está claro que la excarcelación de presos políticos -a la que, por lo demás, se comprometió el señor Suárez en sus negociaciones con la Comisión de los Nueve- y la inclusión en la plataformaelectoral de la Unión del Centro Democrático de la necesidad de estatutos de autonomía para Cataluña y Euskadi (y de la conveniencia de fórmulas autonómicas para las regiones que mayoritariamente las deseen) constituirían, además de una forma de átraer votos, la mejor contribución a que los comicios de junio se celebrasen con normalidad.
Sólo un estatuto de autonomía podrá resolver satisfactoriamente los complejos problemas del mantenimiento del orden público en Euskadi, al que podría ayudar eficazmente el cuerpo de miqueletes, si fuera reconstituido. Entretanto, el Gobierno debería esforzarse por manejar la etapa de transición que ahora vivirnos con la máxima prudencia, tanto para evitar que nueva sangre vasca sea derramada como para descargar a las fuerzas de orden público de Censiones, esfuerzos y exasperaciones inútiles y contraproducentes.
Por lo demás, las fuerzas democráticas vascas, que confian en las urnas como balanza para contrastar su peso en la opinión y que desean un desarrollo pacífico de la contienda política, deben sobreponerse a las emociones y hacer todos los esfuerzos posibles para que las elecciones del 15 de junio se realicen. Aunque no haya amnistía. Porque la única forma de asegurar el definitivo enterramiento del pasado es, precisamente, que esas elecciones se celebren. Y porque la forma más efectiva de que la amnistía pendiente se promulgue, de que el País Vasco logre un régimen autonómico, una nueva política de orden público y la cooficialidad del euskera, es que las Cortes Constituyentes, elegidas por todo el pueblo, incluidos los vascos, lleguen a reunirse y avalen con su autoridad esas polémicas decisiones. La idea de que la amnistía y la autonomía pueden conseguirse mediante la lucha armada de una «resuelta minciria», que asume sobre sus espaldas y con sus metralletas el destino de todo su pueblo, no es ni siquiera una utopía: constituye el delirio de quienes han perdido todo contacto con la realidad formada no sólo por su medio geográfico más próximo, sino por todo el contexto peninsular y europeo. Y muestran así su desprecio hacia la democracia, rompiendo desde la izquierda, como otros pretenden hacer desde la derecha, las urnas.
