Un proyecto político para Andalucía

Secretario general del Partido Socialista Andaluz

En política las palabras, a fuerza de ser empleadas abusivamente, se devalúan y pierden precisión. Esto es lo que ha ocurrido con el término democracia. Democracia quiere decir, por supuesto, designación de los gobernantes mediante elecciones. Pero democracia quiere decir mucho más. Quiere decir que esas elecciones sean libres y a ellas puedan concurrir todos los grupos políticos en igualdad de condiciones. Quiere decir garantía de las libertades individuales y colectivas y protección de la seguridad personal. Quiere decir legalización efectiva, y no puramente nominal, de los instrumentos de acción de la clase trabajadora: los sindicatos. Quiere decir acceso de todas las corrientes políticas a los medios públicos de comunicación. Quiere decir, en un Estado plural como el español, reconocimiento pleno de los derechos políticos de los pueblos que lo componen. Quiere decir, en fin, que el pueblo ha tomado conciencia sobre su protagonismo y ha formado voluntad sobre su futuro.

No hace falta decir que la situación política española, bajo el segundo Gobierno de la Monarquía, no es plenamente satisfactoria en todos y cada uno de estos puntos. Con una ley Electoral que favorece a la derecha la limpieza de las próximas elecciones está por ver, y de momento, no parece una buena señal que no hayan sido legalizados a estas alturas todos los partidos políticos. Los medios de comunicación más potentes, radio y especialmente la RTVE, o bien dosifican con cuentagotas la información política no oficial, o bien se utilizan como artillería pesada en favor de los herederos del franquismo. Las libertades públicas no están jurídicamente garantizadas; lo que quiere decir que unas veces están selectivamente toleradas y otras contundentemente reprimidas. En cuanto a la posición legal de la clase trabajadora, baste recordar el paso atrás que ha significado el real decreto-ley de 4 de marzo último y la prohibición de actos organizados por los sindicatos recién legalizados con ocasión del primero de mayo. Por último, en relación con los derechos políticos de los pueblos del Es-tado español, no se pasa de declaraciones abstractas y ambiguas, que remiten el problema, sin ninguna garantía de solución, a la futura elaboración constitucional.

Después de este análisis, la conclusión que se impone es grave: no nos encontramos en una situación predemocrática, es decir, en un proceso que lleva inevitablemente y sin retorno a una democracia política digna de tal nombre. El final de la transición actual puede llevar a la dernocracía, pero puede llevar también a fórmulas neoautoritarias más o menos vinculadas al franquismo histórico. Para el Partido Socialista de Andalucía, el sentido primordial de las próximas elecciones del 15 de junio es hacer posible lo primero y evitar a toda costa lo segundo. Para ello es necesario que la campaña electoral se utilice como un «despertador» de la conciencia política. Para ello es necesario explicar al pueblo que votar a la Alianza Popular es votar a los protagonistas de estos últimos cuarenta años, que, fieles a su pasado, especulan -ahora, electoralmente- con el miedo, que es tanto como especular con laamenaza. Para ello es necesario explicar al pueblo que la Unión de Centro, capitaneada por Suárez, no es más que un conglomerado heterogéneo de profesionales de la política, la mayoría de ellos procedentes del franquismo hasta la última hora, demócratas de ocasión, que aspiran a convertirse en la nueva burocracia política de las fuerzas, económicas de los últimos años. Para ello, en fin, es necesario explicar al pueblo que la democracia sólo la pueden traer y consolidar quienes, desde las distintas posiciones ideológicas, lucharon contra la dictadura; quienes figuraron, con clarividencia, honestidad, riesgo y sacrificio, en las filas de la oposición democrática al franquismo.

Aspiraciones autonómicas

Ahora bien, para Andalucía, la campaña electoral y las elecciones pueden y deben tener una especial significación: la de afirmar definitivamente sus aspiraciones autonómicas, frustradas en 1936 por la guerra civil, sofocadas durante la larga noche del franquismo, y resurgidas con fuerza en estos últimos años. Ni las durísimas pruebas históricas a que se ha sometido al pueblo andaluz, en la diáspora emigratoria han conseguido su desintegración cultural. Ni el expolio sistemático de sus riquezas, trasvasadas y aprovechadas fuera del País Andaluz, con la complicidad o incluso la intervención directa de su propia clase dominante, han agotado el potencial de sus recursos naturales. Estas elecciones deben marcar el primer paso de un pueblo en marcha hacia su liberación política, unida a su emancipación económica. Un instrumento imprescindible para la primera es el estatuto de autonomía: la configuración jurídica del poder andaluz; el instrumento para la segunda no puede ser otro que un programa socialista de organización de la sociedad.

Estos dos proyectos están entre nosotros indisolublemente unidos. Para los andaluces, conseguir la autonomía supone romper la situación de dependencia que nos atribuye siempre papeles subalternos y desfavorables: el papel de reserva de mano de obra barata para la España y la Europa industriales; el papel de soporte físico de industrias y actividades peligrosas y contaminantes; el papel de proveedora de materias primas a buen precio para su elaboración y comerciaflzación en otras regiones o países; el papel de suministradora de recursos financieros para la industrialización fuera de Andalucía. Por todas estas `razones, el pro yecto autonómico es, entre nosotros, un proyecto para las clases trabajadoras andaluzas, y cuyos intereses son coincidentes y solidarios, desde luego, con los de todas las clases dominadas del Estado español, pero que presenta perfiles singulares y propios, porque propia y singular es su situación.

No puede extrañar, pues, que la burguesía andaluza y sus instancias políticas se opongan decididamente a este proyecto. Son sus fuentes de rentas parasitarias, son sus fuentes de poder las que están en juego. A lo sumo, lo que cabe esperar de sus representantes es una apelación abstracta al argumento de la falta de industrias como causa del subdesarrollo; argumento que, tal como es utilizado, sirve como coartada para desviar la atención del pueblo andaluz de los problemas de la agricultura, y que, deliberadamente, no precisa nada sobre cuál es el tipo de industrialización que conviene a Andalucía, ni cómo se van a aportar los recursos para tal industrialización.

Vanguardia de liberación

El Partido Socialista de Andalucía ha sido durante los años de la dictadura franquista, y sigue siendo en los albores de la democracia, la vanguardia por la liberación cultural, económica y política del pueblo andaluz. Es el partido que ha enarbolado nuestra bandera verdíblanca en esta última etapa histórica; el que expresó su objetivo como «poder andaluz», superación dialéctica del estadio anterior: el «ideal andaluz» de Blas Infante. Es también el que ha elaborado el primer anteproyecto de estatuto de autonomía andaluza después de la guerra civil; el que, en fin, más ha luchado entre muchas incompresiones de próximos -la izquierda centralista- y extraños -la derecha oligárquica- por la recuperación de nuestras señas de identidad y por el reconocimiento de nuestra personalidad política. Pero no se trata de ejercer, en el ámbito de las relaciones políticas, extraños derechos de primogenitura histórica. No vamos a intentar monopolizar un espacio que pertenece a todo el pueblo andaluz. Queremos que este espacio lo ocupen y lo asuman, sin reservas tácticas ni dependencias centralistas, todas las organizaciones que luchan por una democracia socialista.