Ocho preguntas a la embajada italiana
El jefe del servicio de prensa de la embajada italiana en Madrid ha dirigido a EL PAIS una carta, publicada el día 30 de abril, intentando «aclarar» algunos conceptos del escrito que los padres de alumnos españoles de las Escuelas Italianas en Madrid hemos entregado al ministro de Educación y Ciencia, protestando por la actuación de la embajada italiana ante el problema creado en el citado centro escolar.En el punto primero asegura que las tarifas que se pretenden imponer han sido aprobadas por el consejo de administración de las cajas escolares y que los alumnos españoles gozan de los mismos privilegios que los alumnos italianos. Esto no es cierto. En reunión celebrada el 19-12-76, el consejo de administración citado «acordó proponer» al Ministerio de Educación y Ciencia unas tarifas. Sin embargo, todavía no han sido sometidas a la aprobación del Ministerio; y se pretenden imponer negando la competencia del mismo, amenazando con expulsar a los alumnos españoles que insistan en la previa aprobación de tarifas por las autoridades españolas.
Tampoco es cierta la pretendida igualdad entre alumnos. Sólo después de mucho luchar, se ha conseguido que este curso, por primera vez, paguen algunos alumnos italianos la enseñanza que reciben. Hasta ahora hemos estado los españoles financiando la enseñanza de los italianos. El Estado italiano contribuye al mantenimiento de las Escuelas aportando profesores y libros. Los libros nunca han sido pagados por los italianos, pero los españoles los pagamos religiosamente. Ahora se pretende también que sean a nuestro exclusivo cargo los profesores que no están previstos en el ordenamiento escolar italiano. A la Asociación de Padres de Alumnos, creada conforme a las leyes españolas, se le niega el derecho a reunirse en los locales de las Escuelas, el derecho a repartir información entre los padres, el derecho a comunicarse con ellos, etcétera. Los padres de alumnos italianos pueden reunirse cuantas veces lo deseen en los citados locales, reparten en la Escuela propaganda y circulares dirigidas exclusivamente a los alumnos italianos, utilizan el tablón de anuncio, y gozan de cuantas facilidades precisan. ¿Esto es gozar de los mismos privilegios?
El punto tercero es inadmisible, pues pretende ignorar la legislación española y los convenios culturales firmados entre ambos países, negando competencia al Ministerio de Educación y Ciencia y al propio Gobierno español para controlar los precios de la ensenanza en ese centro.
En el punto cuarto afirma que las tarifas que se pretenden imponer han sido llevadas a conocimiento del MEC y que éste acusó recibo de las mismas, lo cual se contradice con la afirmación de que no es competente en este terreno. Pero silencia que en septiembre de 1976, el MEC denegó una subida de tarifas y les obligó a mantener las actualmente legibles hasta la aprobación de otras nuevas.
En cuanto a lo que expresa en el punto quinto, las gestiones de la embajada ante el MEC no nos han producido sorpresa, sino indignación, ya que consideramos esto una nueva maniobra encaminada aumentar la discriminación existente. La embajada debe dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Finalmente, si el jefe del servicio de prensa de la embajada de Italia quiere de verdad entrar en el fondo de la cuestión, como indica el principio del punto cuarto, que tenga la amabilidad de contestar claramente, sin rodeos ni circunloquios, a las siguientes preguntas:
1. ¿Es verdad que el presidente del consejo de administración de las cajas escolares, don Firmino Soría, es a la vez presidente de Fiat en España?
2. ¿Es verdad que los terrenos que ocupa actualmente el Instituto Farmacológico Latino, en los Nuevos Ministerios y junto a los terrenos de las Escuelas Italianas, son propiedad del Estado italiano?
3. ¿Es verdad que la Fiat o alguien en su nombre y con su dinero pretende adquirir estos terrenos para edificar en los mismos?
4. ¿Es verdad que estos terrenos supondrían muchos millones de millones para alguien?
5. ¿Es verdad que las Escuelas Italianas en Madrid habían acatado la legislación española y los convenios firmados entre España e Italia hasta el momento en que el Tribunal Supremo falló a favor del Estado italiano el asunto de los terrenos antes citados y que a partir de ese momento comenzó la actual «Operación»?
6. ¿Estaremos presenciando cómo se fragua un nuevo «caso Vaguada» en el mismo corazón de Madrid?
7. ¿Es justo que todo este negocio se llegue a efectuar, si lo que antecede es cierto, a costa de unos niños, cuyo único pecado es haber deseado conocer mejor un país tan bello y tradicional como es Italia?
8. ¿Aceptarían las autoridades italianas en España, responsables del centro, celebrar una reunión con los representantes de los padres de alumnos, para poner claramente de manifiesto la verdad de lo que está ocurriendo y con los periodistas como notarios de esta verdad?
