Alianza Popular, el presidente Suarez y las elecciones

EN ESPERA de que la intervención televisada del señor Suárez -demorada hasta el último minuto con el efectismo propio de un experto del suspense- despeje definitivamente la incógnita de su pairticipación en las elecciones del 15 de junio, parece convertiente analizar, como pieza separada, la feroz ofensiva desatada por Alianza Popular contra la eventual presentación como candidato del presidente del Gobierno. Los neofranquistas engalanan sus intereses particulares de grupo con la defensa de principlos democráticos generales; en este caso la obligación política y moral del Gobierno de mantener la neutralidad en el proceso electoral.Paradójicamente, los virulentos ataques de AP contra el señor Suárez no hacen sino fortalecerle, al dar plausibilidad y consistencia a la razón que en los círculos del propio presidente se esgrime a la hora de justificar su concurrencia a las urnas; esto es, que la mejor manera de cerrar el paso, en el Congreso y en el Senado, a la involución autoritaria que Alianza Popular representa, sería la participación del señor Suárez en la lucha electoral, al lado o en el seno del CD.

El ciudadano medio seguramente quedará paralizado por el asombro. Los ex ministros de Franco, mientras permanecieron en el poder, identificaron no pocas veces a la nación y al Estado con sus personas y dispusieron patrimonialmente de los recursos del poder para facilitar a su propia clientela el acceso a esa privilegiada ciudadela. Nombrados digitalmente y no elegidos, ese sistema de selección del personal político operó en cascada hasta el más modesto escalón.

Desde sus elevados cargos, llenaron las Cortes orgánicas de procuradores familiares, sindicales o municipales, cubrieron los ayuntamientos de alcaldes y concejales, y coparon las presidencias y direcciones de los entes paraestatales, industrias nacionalizadas y bancos oficiales con amigos y correligionarlos. Cuando se les dio oportunidad de jugar a las elecciones, volcaron todo el peso del Estado, alimentado por los recursos de los contribuyentes, y de los medios de comunicación oficiales, para conseguir el voto afirmativo en el Referéndum de 1966; hasta tal punto que, por unos momentos, pareció que al censo le faltaban dos millones de electores. ¿Con qué autoridad moral, desde qué ejecutoria personal, acogiéndose a qué principios piden ahora que el Gobierno, cualquier Gobierao, mantenga la neutralidad en el proceso electoral? La neutralidad del poder no es un bien coyuntural. El fair play en política es una norma a exigir en todo tiempo, y no hubo fair play con la dictadura.

La contraofensiva de AP muestra bien a las claras que la eventual participación del señor Suárez en las elecciones ha sembrado el pánico en sus filas. A primera vista, esta reacción resultaría una confirmación espectacular del lado bueno de los argumentos de quienes propugnan la concurrencia del presidente a los comicios de junio. Sin embargo, la prueba no termina de ser concluyente. La decisión que tome el señor Su árez estará guiada por varios motivos, no siendo desde luego el único, y tal vez ni si quiera el principal, el deseo de ahorrarnos a los españoles la vuelta de los espectros del franquismo; pues lo que todavía queda por demostrar es que la utilización en las futuras elecciones del aparato muñidor del Régimen no pondrá en grave riesgo la consolidación en España de una monarquía democrática.