La sindicación de funcionarios y el señor López Rodó

En unas declaraciones en el diario Ya del día 26 de febrero, señala el señor López Rodó, que existe una diferencia esencial entre la condición de empleado y funcionario, basada en que estos últimos participan, en mayor o menor grado, de postestad pública. Llevamos varios años en la Administración y sabemos que en ella sólo existe un grado de potestad pública y que es ostentado por los altos cargos de designación política ya que casi todos los de dirección lo son.La corrupción administrativa española, es lo suficientemente evidente para no tener que cuestionarla en esta carta, pero lo que no vamos a admitir ahora, es la velada pretensión del señor López Rodó de repartir las responsabilidades de ella entre todos los trabajadores de la Administración. No, señor López Rodó, la mayoría de los que trabajamos para la Administración no tenemos, ni hemos tenido nunca, postestad pública y, por tanto, lo que sí queremos tener, al igual que el resto de los españoles, es derecho a pedir cuentas de quién y cómo ejerció y ejerce esta potestad.

Afirma, asimismo, don Laureano que le repugna la idea de crear un instrumento de los funcionarios frente a la Administración, está evidentemente en su perfecto derecho a sentir sus peculiares repugnancias, a nosotros y, en uso del mismo derecho, nos repugna la idea de que no se cree este instrumento, no sólo para defender los derechos de los trabajadores de la Administración pública, sino para dignificar una Administración que, nadie debe olvidar, debería estar al servicio del país.

La creación de un sindicato de funcionarios no sería «revolvernos ya que nosotros no encarnamos a la Administración, sino que trabajamos, al igual que cualquier otro sector laboral, para ella, que, por cierto, no es el mejor patrón.

Ante la afirmación de que los trabajadores de la Administración tienen unos derechos más protegidos jurídicamente que el resto de los trabajadores, nuestro asombro y sorpresa no tiene límites. Ciertamente, y, a pesar de reiterar la necesidad y el derecho a la sindicación, los trabajadores de la Administración hubieran estado más protegidos jurídicamente si el señor López Rodó no hubiera sustituido una ley que garantizaba la independencia de la Administración y sus funcionarios ante las distintas políticas (ley de Bases de 22 de julio de 1918), por otra que no es, ni más ni menos, que una legalización de la dedocracia y distribución de prebendas económicas.

Efectivamente el problema de los sueldos: es un tema muy delicado, sobre todo para los que los padecemos y, su resolución no está en manos de la Administración, sino de las Cortes, pero durante casi cuarenta años, las Cortes han sido de hecho la Administración y, por otra parte, también las Cortes fijan un salario mínimo interprofesional, dejando en manos de la Administración que obligue a todos los sectores laborales a pagarlo, salvo la excepción, al parecer, de la Administración misma, ya que existen funcionarios que no alcanzan esta cifra salarial.

Por último, tiene el señor López Rodó razón en algo, no tenemos conciencia de servidores del interés público, seguramente porque dudamos que la Administración española, tal y como está concebida, beneficie los intereses públicos y, sí tenemos más bien la impresión de que beneficia a otros intereses.

Comprendemos que a don Laureano se le haga cuesta arriba reconocer el derecho a la sindicación de funcionarios, seguramente porque tiene conciencia de haber alcanzado en la Administración una posición privilegiada, no es este nuestro caso.

Hay una cosa que sí queremos agradecer al señor López Rodó, el haber dicho con claridad cuál es su opinión, que no podemos por menos que identificar con la de Alianza Popular, respecto a este tema, así en las próximas elecciones, todos aquellos que trabajamos para la Administración, podremos tener una idea clara de hacia donde nos conviene no dirigir nuestros votos.