Oposición creciente al plan de acción territorial de Aragón

A la ya veterana cuestión de los regadíos pendientes de realización en la región aragonesa desde el año de la subida al trono del rey Alfonso XIII (1902), se han sumado en todo lo que va de siglo una larga lista de reivindicaciones regionales aragonesas que comienzan en los temores por la realización del trasvase del Ebro, y van a desembocar en la cuestión autonomista, pasando por el gran paquete de medidas pendientes, que, para estas provincias, vendrían incluidas en el proyectado plan director territorial.

Para muchos aragoneses su tierra, dicen, ha empezado a convertirse en fuente de material humano para el desarrollo de otras provincias y sus campos propiamente dichos, en centros exportadores de setas (aquí conocidas como «rebollones») objeto de un ávido consumo en Barcelona y su entorno industrial.Independientemente de estas sicosis de subdesarrollo al servicio de otras regiones, los desequilibrios demográficos y económicos de Aragón, han producido el desmesurado crecimiento de Zaragoza, y su área urbana. Hoy las barriadas periféricas de la ciudad, reúnen a mayor número de aragoneses que cualquiera de sus provincias, de ahí que los movimientos de defensa y promoción del medio urbano de Zaragoza, encabezados por una docena de asociaciones de barriada, constituyan hoy todo un problema de entidad regional.

Pretender establecer, además de esta cuestión referente a la ciudad de Zaragoza, una clasificación de las exigencias que la región plantea hoy a la Administración central por grados de interés, es tarea inútil. Las manifestaciones verbales, escritas y callejeras que se produjeron en las tres provincias aragonesas durante 1974 al 76, con motivo de la inminencia en la realización del trasvase de las aguas del Ebro u la cuenca del Pirineo oriental, (léase área metropolitana de Barcelona), sin existir, como contrapartida, una firme decisión oficial de emprender la gran obra de ingeniería de los regadíos aragoneses, despertaron en su conjunto una verdadera corrienté popular,de oposición a muchas gestiones emanadas de la Administración central, con respecto al futuro de Aragón. Este clima de oposición, desembocó no hace muchos meses en la solicitud de los Presidentes de las tres diputaciones aragonesas al ministro de la Vivienda de que suspendiera su inminente viaje a Teruel para poner en marcha los trabajos del primer plan director territorial para la región aragonesa.

Esa corriente de opinión, basada en la defensa de los intereses de Aragón, se encuentra, si no divorciada, sí al menos bastante alejada de las perspectivas ofrecidas hasta el momento por los partidos políticos que van a dirimir la composición de las próximas Cortes.

Un nuevo reflejo de esa corriente de opinión aragonesista, se está empezando a producir en estos días, a partir de la celebración de unas reuniones de trabajo a las que asisten representantes de numerosas entidades sociales, recreativas y culturales de la región. En conjunto, estas asociaciones de origen no específicamente político, pretenden ofrecer una alternativa desde la propia región a los proyectos gubemamentales de ordenar el territorio aragonés.

Esta alternativa contemplaría muchos focos de temor denunciados en repetidas ocasiones desde Zaragoza, a saber: el trasvase sin regadíos como contrapartida; la puesta en práctica de los proyectos para instalar varias centrales nucleares más en la cuenca media del Ebro; el desmesurado crecimiento de Zaragoza, en detrimento de las posibilidades para las comarcas aragonesas; la promoción industrial de las zonas más deprimidas, que hasta la fecha han brillado prácticamente por su ausencia; la continuidad de fuerzas militares de una potencia extranjera en territorio aragonés, (base aérea de Zaragoza), unida a la dependencia de amplias zonas de la provincia de Zaragoza a las necesidades de prácticas militares; la ausencia, cada vez mayor, de servicios sanitarios y educacionales en el medio rural, principalmente en el de la provincia de Teruel; los latifundios improductivos y otras cuestiones de ámbito provincial y comarcal, que, sin embargo, y en los últimos tres años, han empezado a ser asumidas desde perspectivas regionales.

Las dificultades existentes, en la red viaria regional aragonesa y la necesidad de asistencia médica y siquiátrica, fueron algunos de los motivos que impulsaron a las Diputaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza a constituir, hace más de tres años, un proyecto de mancomunidad regional destinado a la realización de obras y servicios en Aragón.

Las jornadas de trabajo de esta comunidad general de Aragón, empezaron a desarrollarse a partir de 1974 en el sentido antes expuesto: lograr una mancomunidad regional con afribucionel propias, alcanzadas por medio de la cesión de ciertas atribuciones ejecutivas que se encuentran en manos de las corporaciones provinciales.

Uno de los objetivos de esa mancomunidad regional en ciernes, era colaborar en la planificación del territorio, si bien las diputaciones consideraron que tal atribución no les correspondía, por estar determinado en la ley del suelo que tal plaffificacíón podría ser realizada, a nivel provincial, por cada una de las corporaciones afectadas y no de manera globalizada. Este modo de interpretar la ley del suelo por parte de las diputaciones aragonesas a la hora de estudiar la viabilidad de redactar conjuntamente un plan director territorial para Aragón, ha sido motivo de fricción en los últimos meses. Algunas fuerzas sociales y políticas de Aragón consideraron que la decisión de las diputaciones provinciales de aceptar que el plan director territorial fuera proyectado y ejecutado de acuerdo con las disposiciones directas del Ministerio de la Vivienda, era poco menos que una cesión de atribuciones a la administración central, aparentemente interesada en cuestiones que atañen de forma muy directa al futuro del territorio aragonés, tales como la demora en la realización de los regadíos pendientes, la construcción del cauce para el trasvase de las aguas del Ebro, proyectos que podrían reunir un definitivo «placet» o una adecuación diferente, según el talante con el que se redacte el inminente plan director territorial para la región aragonesa.

La oposición a que el plan director territorial sea redactado por encargo directo de la administración central y con intervención mayoritaria de autoridades ministeriales en su ejecución, ha provocado la paralización de este proyecto del Ministerio de la Vivienda, y, al mismo tiempo,.ha traído consigo la aparición de corrientes de opinión contraria.