Polémica en el socialismo francés sobre el plan de nacionalizaciones

Ante la perspectiva de una posible victoria de la Unión de la Izquierda en las próximas legislativas. adelantadas o no, tema de las nacionalizaciones que prevé el Programa Común adquiere dimensiones trascendentes por ser el capítulo más temido por la derecha, y el que sirve a la mayoría gubernamental para clamar de antemano contra la llegada irremediable del «colectivismo" al poder. En el seno de la izquierda es la cuestión más discutida, en primer lugar, entre el PCF y el PS, que no entiende ser indemnizados los accionistas. Al mismo tiempo, en el interior del Partido Socialista de Francois Miterrand tampoco existe unanimidad.

Los socialistas han encarado el tema abiertamente. Dos tesis se están exponiendo actualmente sobre la naturaleza profunda de las nacionalizaciones. El debate planteado puede formularse de la siguiente manera: la nacionalización, ¿debe concebirse como una simple apropiación por parte del Estado, de los bancos y de algunos grupos industriales privados, e hay que introducir una nueva legitimidad de poder dentro de las empresas nacionalizadas?Hasta la fecha, el PS no ha adoptado una posición definitiva. Su líder, el señor Mitterrand, tendrá que arbitrar entre las dos corrientes que defienden cada una de las fórmulas enunciadas.

Nadie en el PS desearía que la nacionalización de una empresa equivalga a la «estatalización», es decir, que se copia de las nacionalizaciones realizadas por la derecha durante los últimos treinta años. Ahora bien, las dificultades surgen a la hora de encontrar modalidades

La primera fórmula aparece patrocinada por el ala izquierda del partido, el CERES (un tercio del PS). Teóricamente, ese procedimiento debería hacer revertir el «poder» de la empresa al ciudadano, pero en la práctica se trata de lo siguiente: el Estado indemniza a los accionistas y se convierte en propietario, y los funcionarios que representan al Estado orientan, administran y dirigen la empresa. Es la confirmación del poder de los tecnócratas y de los expertos.

El segundo mecanismo de nacionalización lo apoyan dos especialistas del PS, Michel Rocard y Jacques Attali. Su objetivo consiste en evitar el «capitalismo de Estado y su centralismo tecnocrático ». Para conseguir esto, su estrategia preconiza la «ruptura» de la legitimidad del poder y del derecho de propiedad, tanto de los accionistas, como de los nuevos representantes del Estado.

Para hacer desaparecer la «antigua» legitimidad, hay que inventar una nueva. Los señores Rocard y Attali prevén cuatro etapas. Primera: todas las acciones de una empresa nacionalizada pasan al Estado; segunda: el Gobierno nombra un comisarion le confiere todos los poderes; tercera: este comisario garantiza la continuidad del funcionamiento de la empresa y, al mismo tiempo, prepara las medidas de nacionalización.

Ahí empieza el aspecto original de esta, segunda fórmula de, nacionalización: los accionistas desposeídos por el Estado pueden volver a comprarle las acciones, pero lo que le comprarían no serían las antiguas acciones, sino una especie de «certificados de inversión», de valor igual al del antiguo paquete de acciones de cada accionista. Ahora bien, estos «certificados» no le devolverían a su poseedor el derecho de propiedad, sino que le garantizarían simplemente una renta mínima del capital, proporcional a la marcha de la empresa. Y, por fin, la etapa cuarta: a partir del momento en que los accionistas ya no tienen poder, éste pasará a otras manos, que serían las siguientes: una asamblea general formada en un 30% por representantes de los obreros, otro 30% por portavoces de la clientela, y un, 30% por delegados de las colectividades locales; finalmente, un 5% de diputados, 3% de senadores y 2% del Consejo Económico y Social. Esta asamblea nombraría un directorio y un consejo de vigilancia, que tendrían que contar con el visto bueno del Gobierno.