Una maniobra dilatoria

El pasado día 17 se constituyó por fin la comisión para la redacción del plan de defensa del Patrimonio Artístico de Madrid, que había sido creada por orden ministerial de Educación y Ciencia de 30 de diciembre de 1976 como paso previo a la incoación de expediente de declaración de conjunto histórico-artístico a favor de determinadas zonas de la ciudad. Tras esta inocua terminología administrativa, se esconde la historia de la asimilación y posterior neutralización por el sistema de una iniciativa forjada por las instancias cívicas y culturales independientes y que, aparte de ofrecer un instrumento eficaz de protección de los barrios más característicos, hubiera significado un serio obstáculo a las apetencias inmobiliarias, por lo menos en el casco directamente afectado por la declaración monumental que se pedía. En pocas palabras, y a raíz de la ola de demoliciones de edificios antiguos registrada a lo largo de la primera mitad del pasado año, fue tomando cuerpo la necesidad de que se elevara a la categoría legal de conjunto histórico-artístico lo que aún quedaba de interés en Madrid.Hactendo uso de la actual normativa sobre Patrimonio Artístico, que es, esencialmente, la ley de 1933 con un reglamento de 1936, bastaría la simple incoación del expediente de declaración de esa zona o zonas, una vez trazado su perímetro, para que todo proyecto de obras comprendido en su demarcación, precisara de la aprobación previa de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Esta simple medida, que se establece por orden ministerial y acaba confirmada por el correspondiente decreto de declaración monumental, hubiera sido la primera e ineludible fase para la conservación en bloque de todo el recinto histórico. Pues bien, lejos de utilizar esta vía, la referida dirección general prefirió otra un tanto peculiar, la de establecer una comisión que redactara un informe sobre cuyas conclusiones se fijarían los límites del casco histórico. Primer resultado negativo de esta solución, el antiguo Madrid sigue jurídicamente desprotegido. Se pensó entonces por los sectores interesados en el tenía que el Ayuntamiento, por lo menos, negará licencias de demolición en los barrios presumiblemente incluidos en el futuro casco, pero la sugerencia no ha prosperado.

Creada la comisión por orden de 20 de diciembre de 1976, BOE de 22 de enero, la preside el subsecretario de Educación y Ciencia, con el alcalde de Madrid de vicepresidente primero y el director general del Patrimonio, de segundo. Aparte de otros dos representantes de Educación y Ciencia, de dos más del Ayuntamiento, de uno de Hacienda, de uno de Vivienda, de sendos de las Academias de Bellas Artes y de la Historia, sólo dos técnicos forman parte de esta inoperante comisión, por el Municipio, el arquitecto jefe de la zona histórico-monumental, Juan López Jaén, que aportará el minucioso inventario de elementos urbanos en que viene trabajando desde hace tiempo, y por el Ministerio, Fernando Chueca Goitia, autor de la perimetración provisional del controvertido casco histórico.

Es decir, que se ha llegado a una alternativa ecléctica o de compromiso, que, por una parte, parece afrontar el problema, pero que, por otra, lo demora sine die, supeditándolo, además, a un organismo de funcionalidad dudosa. Faltan en la comisión representantes del Patrimonio Nacional (Corona) y de la Iglesia, cuyos intereses en esta ciudad son capitales. Y falta, por supuesto, auténtico interés en resolver la angustiosa situación en que se debate el pobre patrimonio artístico de Madrid. Barrios enteros, como el de Malasaña, entornos urbanos, como el de Castellana, Recoletos, Salamanca y Génova; zonas de la importancia de la plaza de Oriente y del mal llamado «Madrid de los Austrias», están pendientes de una comisión que, por lo pronto, ha tardado mes y medio en constituirse -reunirse- y que cuenta a partir de ahora los tres meses que la orden fijaba de plazo para la redacción del informe final.

Con este ritmo dilatorio y con el paralelo, pero acelerado, del proceso destructivo de las inmobiliarias, ¿qué quedará entonces a proteger? Acaba de suceder un hecho sintomático: mientras que los servicios municipales competentes daban licencia para demoler la gasolinera racionalista de Alberto Aguilera, obra de Fernández Shaw, el benemérito comisionado señor López Jaén, en su otro servicio, también municipal, proseguía incansable la redacción del catálogo de edificios a conservar, en el que figura -cómo no-, y con los merecidos honores la gasolinera de Alberto Aguilera.

Sólo una adecuada toma de conciencia colectiva, que promoviera desde las instancias cívicas y culturales una intensa presión sobre las instancias administrativas y decisorias, podría poner las necesarias cortapisas a tan dramática situación. Los servicios monumentales del Ayuntamiento han solicitado de los ciudadanos su colaboración a la hora de completar el frustrado catálogo, para que aporten cuantos datos o sugerencias estimen quepa recoger en él. Habría que extender esta labor cooperadora a un nivel de verdadera inspección popular de la acción inmobiliaria, al tiempo que se estableciera entre los diferentes ámbitos del Ayuntamiento la imprescindible coordinación administrativa.

Madrid ha sido, y es, más importante en el plano histórico-artístico de lo que la Administración parece creer. No permitamos que, después de cuarenta años de política antimonumental, precedidos, a su vez, de los incendios de iglesias barrocas en 1931 y 1936 y de las lamentables consecuencias de los tres años de asedio en la guerra civil, vaya a convertirse Madrid en la leyenda de la ciudad sin nombre.