Amagar y no dar

EL ANUNCIO de la inminente ampliación de la amnistía y la restauración de las juntas generales de Guipúzcoa y Vizcaya son los principales acuerdos de orden político tomados por el Consejo de Ministros en su sesión del viernes. Aunque tienen más sustancia concreta las medidas de carácter laboral aprobadas en esa misma reunión, el clima de tensión que comienza a apoderarse de la vida política del país confiere una mayor urgencia al análisis del gesto del Gobierno.En efecto, se diría que esas resoluciones, adoptadas tras una larga sesión, están destinadas, sobre todo, a recuperar algunas porciones de la credibilidad y la confianza perdidas por el Gabinete Suárez en las últimas semanas o, al menos, a no aumentar la desesperanza ante la brusca detención del proceso democratizador.

Basta con apuntar algunos de los hechos negativos producidos en las últimas semanas. Aunque los señores Oriol y Villa-escusa fueron liberados y los GRAPO han sido oficialmente desarticulados, quedan demasiados. cabos sueltos en la explicación oficial de los hechos. Seguimos noticia sobre los responsables de la bárbara matanza de Atocha. Los poderes extraordinarios no siempre han sido utilizados dentro de los límites establecidos por el propio decreto de suspensión de garantías; y éste ha sido prorrogado con argumentos poco convincentes. El Gobierno no ha legalizado a una serie de partidos y ha remitido al Tribunal Supremo la documentación de siete de ellos para que una sala de lo «contencioso-administrativo» se pronuncie sobre su presunta «ilicitud penal». En cambio, en una imprevista maniobra, el Ministerio de la Gobernación ha reconocido con el mismo nombre que el PSOE a una fracción disidente del mismo; con el agravante de que los medios de comunicación bajo su control, especialmente la Televisión, han tratado de desorientar a la opinión, disfrazando el problema. De la noche a la mañana, un grupo de funcionarios vinculados al presidente del Gobierno y al ministro de la Gobernación hacen su irrupción en la escena política con la creación de un partido de estrambótica orientación socialdemócrata. Los partidos de izquierda encuentran graves y, a veces, insuperables dificultades para celebrar actos públicos o repartir su propaganda. A menos de tres meses de la fecha insinuada por el propio Gobierno para la celebración de las elecciones generales, nada se sabe de la ley Electoral, ni de las incompatibilidades para ser candidato, ni de las garantías de control del escrutinio, ni de la forma de hacer compatible la rígida ley de Reunión con la campaña electoral, ni del. desmontaje o neutralización del aparato del Movimiento, ni de los procedimientos ideados para que la Televisión, la Radio y la cadena de la Prensa del Movimiento no puedan influir decisivamente en el resultado de las elecciones.

Y luego queda el problema seguramente más grave y de solución más urgente de la transición a la democracia: la cuestión vasca. Al menos esta semana, el Gobierno no ha estado en condiciones de proseguir con medidas resolutorias la inteligente política que inició con la autorización de la «Ikurriña..» Se ha limitado a amagar y no dar. Aunque el gesto sea audaz,según el rasero del posfranquismo, la restauración de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya no significa un gran salto hacia la negociación del régimen de autonomía para el País Vasco (y no sólo para dos de sus provincias). En cuanto a la amnistía, cabe esperar que la instrumentación de las bases para complementar las medidas de gracia produzca como resultado la liberación de los presos políticos encarcelados antes de la promulgación de la ley de Reforma, tal y como el presidente Suárez prometió a los representantes de la comisión de los nueve.