Posible extrañamiento de los condenados por delitos de sangre

«El Gobierno ha aprobado definitivamente las bases a las que se ajustarán las disposiciones y decisiones que han de completar el conjunto de las distintas medidas de gracia, adoptadas desde el mismo comienzo del reinado de Su Majestad el Rey y cuya expresión más significativa fue el real decreto-ley de Amnistía de 30 de julio de 1976», según la ampliación de la referencia oficial del Consejo de Ministros de ayer, facilitada a primera hora de la madrugada de hoy. Según fuentes oficiosas, la ampliación de la amnistía consistirá para los condenados por delitos de sangre en la sustitución de la condena anterior por la de extrañamiento.La nota oficial sobre el Consejo de Ministros justifica la decisión del Gobierno en la aprobación por referéndum nacional de la ley de Reforma Política, así como en el cumplimiento del «propósito firme de seguir cimentando una convivencia pacífica entre todos los españoles».

Las bases aprobadas por el Gobierno no han dado lugar a ninguna disposición del Consejo de Ministros de ayer. Las nuevas disposiciones serán elaboradas por el Ministerio de Justicia y sometidas al Consejo de Ministros de la semana próxima.

Suprimida la formación política

Otro de los temas políticos abordados por el Consejo de Ministros fue la enseñanza de Formación Política y Educación Física. El Gobierno aprobó la supresión de la asignatura de Formación Política en los planes de estudios universitarios, así como la configuración como voluntarias de las enseñanzas de Educación Física en dicho nivel educativo.

En las universidades se crearán los servicios de Educación Física y Deportiva. Ambas enseñanzas permanecerán en los demás niveles.

El Gobierno explica que los acuerdos adoptados «responden a una aspiración ampliamente sentida en los medios universitarios» y que han sido favorablemente informados por la Junta Nacional de Universidades, así como elaborados y propuestos conjuntamente por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Secretaría General del Movimiento.

Restauración de las juntas del País Vasco

Otro acuerdo políticamente importante fue la aprobación de la restauración de las juntas generales de Guipúzcoa y Vizcaya. El correspondiente decreto-ley ha sido propuesto una vez oída la comisión de competencia legislativa de las Cortes.

El acuerdo del Gobierno se hace eco de una de las propuestas de la comisión para el régimen especial de Guipúzcoa y Vizcaya. La restauración de las juntas generales de ámbas provincias vascas supone -según la explicación oficial facilitada- «una ordenación interna de la organización provincial, de acuerdo con la tradición, mediante la cual las mismas competencias de las diputaciones de régimen común se distribuyen o comparten de manera diversa».

Estas juntas generales se reunirán, al menos, una vez al año con carácter ordinario. Constituyen el órgano de participación del pueblo vizcaíno y guipuzcoano, a través de sus municipios, en el Gobierno provincial y estarán integradas en cada provincia por representantes de todos los municipios, que en Guipúzcoa se denominarán procuradores y en Vizcaya apoderados. Su competencia abarca, en términos generales, la fiscalización de toda la gestión provincial y la fijación de las directrices de la política provincial

Multa por falta de vigilancia de explosivos

El ministro de la Gobernación informó al Gobierno sobre el orden público, así como sobre las circunstancias en que se produjo la sustracción y apoderamiento de 350 kilos de dinamita Goma-2 y otros efectos, en los depósitos de explosivos que la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada tiene autorizados en Villaseca de Laciana (León).

Las citadas acciones, que se atribuyeron los GRAPO mediante llamadas a EL PAIS e Informaciones, se produjeron, según el Gobierno, «por haber incumplido dicha empresa las condiciones reglamentarias exigidas para la custodia y vigilancia de explosivos». En consecuencia el Consejo de Ministros acordó, a propuesta del titular de Gobernación, imponer a la mencionada empresa la sanción de cinco millones de pesetas de multa.

El Gobierno advierte que la referida empresa había sido ya sancionada con anterioridad por otro hecho «de idéntica naturaleza». Asimismo, la autoridad gubernativa, de acuerdo con el Reglamento de Armas y Explosivos, clausurará temporalmente el polvorín situado en Villaseca de Laciana, «sin que tal clausura -declara el Gobierno- perjudique el desarrollo normal de la explotación minera».