Proteccionismo industrial

DESDE HACE hace aproximadamente dos años, el proceso de industrialización se ha detenido en España. Este hecho, con toda su carga de preocupaciones referentes al incremento del paro que origina y al lastre que constituye para volver en un futuro próximo a tasas de crecimiento elevadas, constituye una de las incógnitas más graves que hoy en día tiene planteada la política económica del país.Reconociendo la necesidad de un replantamiento a fondo de toda la política industrial, pueden señalarse vías inmediatas de reforma medidas relativamente sencillas que contribuirían a mejorar las perspectivas de la empresa privada en este delicado momento.

El primer paso en esa senda tendría que consistir en la derogación de la ley de 1939 según la cual se encomienda al Ministerio de Industria la facultad de autorizar nuevas industrias, así como la de traslados y ampliación de las ya existentes. Dicha ley gobernó con implacable espíritu intervencionista la política industrial de los sueños de autarquía (1949 a 1959).

Desde esta última fecha hasta finales de 1965, aproximadamente, predominó una interpretación más bien liberal de la misma, que quedó definitivamente arrumbada a partir del año siguiente. Volvieron entonces a florecer los laberintos del arbitrismo administrativo y una vez más se procedió a una pormenorizada e inútil división entre industrias que requieren autorización previa, industrias de libre instalación bajo requisito de cumplir ciertas condiciones, e industrias totalmente libres... una vez inscritas en el Registro de Propiedad Industrial, lo que equivale en la práctica a un difícil requisito más.

En el régimen de autorización previa se hallan además incluidas una serie de industrias con elevado contenido monopolístico y que practican una política de precios excesivos. Por si este «cobijo» fuéra escaso, la importación de muchos de los productos fabricados por dichos sectores no es libre. La paradoja, por calificarla de alguna forma, es clara: se prohibe la importación para proteger la industria nacional, pero se ponen trabas a la libre instalación de nuevas industrias que podrían abastecer el mercado interior. El resultado es ruinoso para el país, pero saneadísimo para quien ha conseguido montar una industria en coto tan celosamente protegido.

La simplificación ganaría también mucho con una reconsideración de los llamados requisitos de dimensión mínima. So capa de luchar contra el minifundismo industrial, la realidad es que se ha introducido otro trámite, equivalente en este casoal de la autorización previa. Un largo rosario de ejemplos mostraría de nuevo la coincidencia entre la exigencia de tales requisitos y la ausencia de libertad para importar; es decir, el deseo inconfesado, pero conseguido de no pocos sectores industriales de vivir aislados de las competencias exterior e interior gracias a la complaciente actitud de la Administración.

En la actual situación de fuerte atonía inversora, una solución. factible consistiría en la suspensión temporal,de la legislación sobre autorizaciones previas y mínimos técnicos. Esta sencilla medida serviría, en primer lugar, para evitar por razones coyunturales el posible rechazo de proyectos de inversión. El alcance fundamental de dicha medida residiría, sin embargo, en el ataque frontal a una serie de sectores fuerte e injustificadamente protegidos y con una elevada contribución a la tasa de inflación que el país entero soporta.