El acuerdo España-Comunidad debe ultimarse antes del 1 de julio

El nuevo año 1977 comienza en las relaciones España-CEE sin que haya conseguido adaptarse el acuerdo comercial de 1970 de la comunidad de los seis a la de los nueve. Para antes de julio de 1977 este nuevo acuerdo debe estar ultimado, ya que en esa fecha las tarifas aduaneras entre los nueve estarán ya homologadas. Este año puede ser el que conozca la petición formal de entrada de España en la CEE una vez alcanzadas las instituciones democráticas homologables. Si así ocurre la integración plena tardará aún cuatro o cinco años en los cuales el acuerdo comercial será pieza clave.

El año ya finalizado ha sido un año de transición entre España y la CEE. Hay que destacar que por primera vez se precisó la óptica de una adhesión total de España a las Comunidades Europeas, al término del proceso de democratización que debería culminar con la elección del primer parlamento español desde hace cuarenta años.La gira de José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la Monarquía, por las nueve capitales de los países miembros de la CEE sirvió para aclarar dos principios: España rechazaba dejarse encerrar en una negociación de libre cambio, de dudosas ventajas para Madrid, y solicitaba abiertamente una adaptación simple del acuerdo de 1970 a la CEE ampliada, en espera de poder presentar la socilitud de entrada total al Mercado Común.

La negociación «técnica» para la adaptación del acuerdo comercial preferente de octubre de 1970 no avanzó, sin embargo, a pesar de las presiones españolas. La Comisión Europea preparó un proyecto de mandato que, sin citar el libre cambio, se orientaba hacia la eliminación progresiva y casi total de las barreras de los intercambios industriales -con perjuicio para la industria hispana- sin ofrecer contrapartidas sustanciales en el sector agrícola.

Madrid desplazó a sus «dos» embajadores ante la CEE, el que iba a cesar, Ullastres, y el que le ha sustituido, Bassols, para explicar a los Gobiernos,de los «nueve» que España,no aceptaba el proyecto de acuerdo ofrecido por la Comisión.

El «no» de Madrid impresionó a los expertos de la Comisión Europea. Sobre todo porque en la historia de las negociaciones de la CEE con países terceros, alargar las discusiones con mandatos y más mandatos, nunca es muy positivo para el más débil, en este caso España.

Desde entonces circulan seis o siete hipótesis posibles para una .extensión del acuerdo comercial España-CEE de los «seis» a la actual CEE de los «nueve». Algunos, favorables a España, llegaron incluso a interpretarse como documentos técnicos «de apoyo a la,Monarquía española».

Sin ir tan lejos, es evidente que los comunitarios juegan a dos, barajas en el caso español. Tienen una versión política, que siempre dice «sí» y lo ve todo muy claro. Cuentan con otra técnica que siempre pone «peros», cuando se desciende a la negociación concreta. Tomates, pepinos, pescado o acero...

El nuevo año comienza con un problema pesquero considerable, derivado de la extensión a 200 millas de las «aguas de pesca » de la CEE. Por el momento hay optimi smo por parte española, a pesar de una primera reducción de casi el 60% para las capturas españolas de merluza en aguas de la CEE. Ya veremos qué pasaírá más adelante, dentro de unas semanas, cuando se perfile la posicion comunitaria a partir del 1 de abril.

Acuerdo para cuatro o cinco años

Una vez resuelto el asunto pesquero, España deberá afrontar con rapidez la adaptación del acuerdo comercial que servirá de «puente» entre el momento actual, las negociaciones, de adhesión y la aplicación del tratado de adhesión. Es decir, en el mejor de los casos, el acuerdo «transitorio» que deberá cubrir un período de cuatro a cinco años.

La negociación de adaptación del acuerdo presente debería concluir antes del 1 de julio de 1977, fecha en que termina la homologación de tarifas aduaneras entre Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca y los «seis» países fundadores de la CEE, regidos por una misma tarifa exterior común cara a países terceros.

Con carácter temporal, y por decisión unilateral de la CEE, británicos, irlandeses y daneses han aplicado un statu quo a los productos españoles, olvidando las reglas CEE.

París y Roma han protestado en varias ocasiones, sobre todo por la competencia agrícola de productos españoles que entran libremente en el mercado británico, y se fijan como fecha tope julio del año próximo, para eliminar el statu quo.

Bassols: una visión global del tema

Ralmundo Bassols, nuevo embajador de España acreditado ante las Comunidades Europeas, al igual que su antecesor, Alberto Ullastres -por lo menos en los últimos años-, parece tener una visión global del tema. Sabe que la solución de los litigios, pesqueros, siderúrgicos, textiles o agrícolas, hay que buscarla en una adhesión total de España a la CEE. Lo único que puede fallar en tal estrategia o.puede retrasar y entorpecer el camino,es el proceso político interno en España.

Bassols piensa, al parecer, ligar los problemas actuales con la perspectiva de entrada de España al Mercado Común. Pero, como en la CEE, que son buenos negociantes, no viven de promesas sino de hechos, la idea española de solicitar la adhesión no jugará hasta que Madrid presente oficialmente la candidatura. Para ello es necesario contar con instituciones políticas análogas a las de los países de la CEE. Es decir, democráticas.

Los griegos presentaron la candidatura y se acepta. Las negociaciones son lentas -dada la crisis interna de la CEE-, pero los griegos consiguen ya un trato de «cliente» en casi todos los temas. Los portugueses se preparan en la misma dirección. Los españoles deberían ya haberlo hecho, antes dé que progrese entre los «nueve» la idea de «un estadio intermedio entre la asociación y la adhesión», que permita seguir colonizando económica y comercialmente a España, sin que los españoles tengan voz y voto en los consejos de ministros, Comisión Europea y Parlamento Europeo de las Comunidades Europeas. Sería un mal servicio para el país. Un país que sufre ya de cuarenta años de aislacionismo de las instituciones europeas que, a pesar de sus defectos y cualidades, funcionan.