Presentacíón pública del régimen administrativo para Vizcaya y Guipúzcoa

El régimen administrativo especial para las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa podría entrar en vigor por un decreto-ley si el Gobierno hace propias las conclusiones de la comisión que realizó el estudio. Su articulación dentro del actual esquema jurídico exige en todo caso una norma con rango de ley que a juicio de los miembros de la comisión debería dictarse con carácter urgente.Estas conclusiones se desprenden del informe que el pasado día 13 fue presentado al presidente del Gobierno y que ayer fue hecho público por el titular de la Diputación de Vizcaya.

El informe incluye un extenso prólogo de Luis Jordana de Pozas, presidente de la comisión, en el que se analizan de forma exhaustiva las bases jurídicas del proyecto y su acoplamiento dentro del vigente sistema legal, llegándose a la conclusión de que su puesta en vigor no exige ninguna modificación constitucional.

A lo largo de las 54 conclusiones del informe no hay una sola cita a una posible estructura administrativa regional. Ello se justifica señalando que el encargo expreso de la Administración consistía en el elaborar un régimen administrativo especial para dos provincias.

Pese a todo, en la declaración de principios se ha incluido una alusión a la vocación regional vasca y al final del estudio se ha añadido una conclusión adicional en la que se dice: «Una vez establecido el régimen administrativo especial de Vizcaya y Guipúzcoa, con el pleno reconocimiento de sus instituciones tradicionales, se procederá, con participación de las instituciones representativas de las provincias afectadas a dar una forma jurídica a la totalidad de la región vascongada.»

Por este camino podría iniciarse una definitiva institucionalización regional, que de una u otra manera está siendo reclamada por todas las fuerzas políticas

Por lo que se refiere al informe ya es conocida la propuesta de resucitar las antiguas juntas generales, con unos poderes que las colocan por encima de las diputaciones, a cuyos miembros fiscalizan y eligen.