EL PAIS y sus responsabilidades

NO TENDRIA sentido ocultar que la decisión de los secuestradores del señor Oriol de utilizar nuestros buenos servicios, para comunicar, primero, la autoría de su, delito y transmitir, después, sus plazos y condiciones, ha colocado a este periódico y posteriormente a nuestro colega Informaciones en una situación tan indeseada como incómoda. No faltan mercaderes que proyectan en los demás sus sórdidos valores y que nos suponen satisfechos por disponer de una exclusiva que incremente nuestras ventas.La aceptación por parte de EL PAIS del incómodo papel de intermediario no ha tenido otro motivo que el deber moral y la obligación ciudadana de contribuir a salvar la vida del señor Oriol. Como dijimos hace unos días, la existencia de un ser humano es para nosotros sagrada, sea quien sea la víctima, y la amenace quien la amenace; y aunque sobre cualquier otra justificación, señalamos también los serios peligros que para la consolidación de la democracia llevaría consigo la desaparición del presidente del Consejo de Estado. No nos hemos limitado a reproducir en nuestras páginas las noticias facilitadas por los secuestradores. También hemos establecido contacto con las primeras autoridades del Estado y con la familia del señor Oriol, y hemos colaborado en la búsqueda de una fórmula posible que evite un sangriento desenlace.

A nadie se le oculta que EL PAIS no ha contado todo lo que sabe. Comprenderán los lectores lo duro que resulta para los profesionales de la información el callarnos las cosas. Dar noticias es nuestra vocación y nuestro menester. En el tema del secuestro del señor Oriol hemos renunciado al trabajo que nos es propio para asumir un papel que ni merecíamos ni deseábamos. Nosotros no escogimos a los secuestradores; fueron los secuestradores quienes nos eligieron a nosotros -y después a nuestro colega Informaciones- como hilo conductor entre sus peticiones y la opinión pública, el Gobierno o la familia Oriol.

Conscientemente hemos entrado en un terreno accidentado y minado. Es ya momento de relatar que redactores de este periódico, asumiendo riesgos superiores a los que su profesión reclama, han corrido peligros físicos (y los han padecido) en el intento general del periódico de que esta historia termine con bien. Sabemos que el final de este secuestro nos puede deparar dos graifficaciones: aparecer ante unos como colaboracionistas de los secuestradores y ante otros como colaboracionistas del Gobierno. Nadie o muy pocos -estimamos- nos tendrán por lo que somos: enemigos acérrimos de la muerte de los hombres a manos de otros hombres.

Una parte de los intentos mediadores o negociadores entre los secuestradores y quienes pueden acceder a sus exigencias ha pasado por esta redacción. Nadie podía exigirnos este trabajo adicional, fuera de nuestra propia conciencia. Restan pocas horas para el desenlace, que -aún- esperamos sea inteligente por todas las partes. Entienda la opinión pública que para nosotros hubiera sido harto más fácil y cómodo no descolgar el teléfono, negarnos a ser la estafeta de un asunto que nos repugna, mediando, como media, la vida de un hombre.

Desgraciadamente, los secuestradores no han aceptado el menor diálogo telefónico, razón por la cual nos ha sido imposible hacerles llegar las propuestas de que se intentaba negociar. Una y otra vez han insistido en la inmediata liberación de los quince presos políticos y su traslado a Argel. El Gobierno, así pues, tendría que dar ese paso sin más contraprestación que la promesa de los secuestradores de liberar después al secuestrado.

Ahora bien, y aun cuando no entramos ni salimos en el fondo de la cuestión, forzoso es reconocer que en estos casos los «usos internacionales», creados por esa epidemia contemporánea que es el terrorismo, prescriben, como mínimo, el canje en terreno neutral del rehén y los presos. La promesa «bajo palabra de honor» de devolver al señor Or'iol, sólo cuando los quince detenidos se hallen a salvo en Argel, no es una negociación, sino un ukasé.

Según nuestras noticias, el Gobierno no está dispuesto a aceptar ese arbitrario ultimátum. El único terreno de negociación posible sería que el Gobierno garantizara la salida del país de los secuestradores y acelerase la promulgación de la amnistía total. Todo ello, naturalmente a cambio de la vida del presidente del Consejo de Estado.

El dramatismo de la situación no sólo no impide sino que exige algunas reflexiones políticas. De las dos hipótesis que circulan acerca de los GRAPO, la primera, casi unánimemente aceptada en los medios de la oposición, obligaría a excluir cualquier esperanza. Si ese grupo está manipulado por servicios especiales de incierto origen, la muerte del señor Oriol sería el detonador ideado para desencadenar una oleada de desórdenes que imposíbilitara el florecimiento de la apenas iniciada vida democrática, creando así las precondiciones para un golpe de Estado más propio de Latinoamérica que de Europa. Ahora bien, si los secuestradores pertenecen realmente a una secta de extrema izquierda, queremos hacerles llegar nuestros argumentos.

Quienes amenazan la vida del señor Oriol están a punto de provocar una espiral de violencia de alcances insospechados. Los dirigentes de la oposición democrática, salidos a la luz pública tras cuarenta años de clandestinidad, constituyen hoy un blanco fácil para los numerosos grupos bien armados de la extrema derecha que se pasean impunemente por el país. Las posibilidades de una amnistía total -y no sólo de quince personas, sino de todos los presos políticos- desaparecerían por entero. La extrema derecha, arrojada al basurero de la historia por su estrepitosa derrota en el referéndum, tendría su deseada oportunidad para intentar regresar al poder por la vía más expeditiva.

Por nuestra parte, hemos asumido nuestro involuntario .y periférico protagonismo con toda tranquilidad de conciencia. Confiamos en que los demás protagonistas puedan hacer lo propio. Pero debemos escribir, cuando aún hay tiempo, que nuestra dignidad y nuestra ética están muy por arriba de los cascos de los caballos.

De una cosa final no podríamos excusarnos: la de resaltar el silencio del Gobierno a lo largo de este secuestro. El Gobierno, a los cinco días del secuestro, ha trabajado denodadamente -no lo ponemos en duda- por la libertad del señor Oriol. Pero en estas tensas jornadas el Gobierno apenas ha pronunciado una palabra que pueda orientar a los españoles sobre cuál es su postura en relación con las exigencias de los secuestradores.