Ante el referéndum y las elecciones, una propuesta de Frente Democratico

Catedrático de Estructura Económica, Universidad Autónoma de Madrid,

En el proceso de pretendida legitimación democrática en que entró el Régimen con el proyecto de ley de Reforma Política se distinguen claramente tres fases sucesivas:

1. Aprobación por las Cortes, lo cual se consiguió el 18 de noviembre.

2. Ratificación de la ley en el referéndum del próximo día 15.

3. Elecciones para las nuevas Cortes, que según las intenciones del Gobierno se celebrarían en marzo de 1977.

Así pues, se aspira a realizar ensiete meses toda la reforma, para pasar de la plena vigencia de las Leyes Fundamentales de Franco, a lo que se pretende va a ser un período constituyente - sobre la base de la soberanía popular.

La manipulación de la soberanía popular y el bloqueo del proceso constituyente

Sin embargo, lo que el Gobierno Suárez trata de convertir en realidad, adolece de dos deficiencias básicas:

-Es un esquema que quiere imponerse. Se plantea, elabora, aprueba y refrenda sin libertades públicas.

-Los verbales reconocimientos de la soberanía popular y del proceso constituyente, no pasan de ser eufemismos. Desde un principio, el Gobierno manipula la soberanía popular. El proyecto fue elaborado todavía con la ortodoxia franquista, y aprobado por unas Cortes que ya habían perdido incluso su antigua «representatividad» de democracia orgánica. Por otro lado, la reforma bloquea el proceso constituyente, porque los métodos de elección adoptados en principio fueron previamente pactados con el sector más derechista del Régimen. Además, el dispositivo imaginado para las Cortes futuras es un mecanismo de bloqueos sucesivos. La ya debilitada representatividad del Congreso podría bloquearse con el Senado. Y por si no fuera suficiente, el conjunto de las Cortes cabría bloquearlo, en última instancia, mediante la célebre « comisión mixta Congreso-Senado, que podría quedar a merced -de su presidente nombrado por el Rey .

El referéndum

La segunda fase del esquema de la reforma Suárez, según veíamos antes, consiste en su ratificación por el referéndum. Aparte de los argumentos que normalmente se articulan ante un referéndum como este, lo cierto es que la única postura que cabe para los demócratas es la abstención activa. Pero no sólo por las razones aludidas -falta de libertades, monopolio de los medios audiovisuales, etcétera-, sino también por otras cuestiones que generalmente no se han subrayado lo suficiente:

-El sí al referéndum equivale a firmar un cheque en blanco, pues aún no se han desarrollado los aspectos de la ley de Reforma sobre mínimos de congresistas por provincias, sistema y ley electoral, y posible mapa de circunscripciones para el Senado.

-El censo electoral no está claro que sea mínimamente fiable y, en el caso de Madrid, según todos los indicios, resulta más que controvertible.

-En lo que respecta a los emigrantes las dudas son muchas y bien graves. ¿Por qué van a tener derecho de voto 700.000 emigrantes y no 1.500.000? ¿De dónde surgen esos 700.000 emigrantes con derecho de voto frente a casi tres millones de españoles en el exterior, según datos del Instituto Español de Emigración, de los que seguramente más de la mitad son mayores de veintiún años? Por lo demás, esto ya no tiene demasiada importancia, pues sólo ha votado (según EL PAIS)el 5% de los emigrantes «censados».

-Por otro lado, no se ve la razón -por lo menos nadie la ha dado- para que no voten todos los mayores de dieciocho años, como ya sucede en muchos países europeos.

Tampoco se ha explicado suficientemente cómo está disponiéndose del dinero público para la propaganda electoral, y cómo se está utilizando RTVE. Si con los centenares de millones de pesetas «invertidos» en el referéndum fuese un éxito, ¿qué podría impedirles a los actuales miembros del Gobierno crear un flamante partido para concurrir a las elecciones, o incorporarse -por ejemplo- al recién nacido Partido Popular?

Y más allá, las elecciones

La tercera y última fase de la reforma Suárez serían las elecciones. Si las elecciones las ganase la Oposición democrática, sí que habría un verdadero proceso constituyente. Si las perdiesen las fuerzas de la democracia, ello equivaldría a consolidar la monarquía autoritaria; ya cristalizar la actual estructura económica y social del país. Sería -como tantas veces han dicho algunos miembros de la «Santa Alianza»- una segunda Restauración. 0 en lenguaje más claro, una «farsa constitucionalista».

Vista la consideración previa, querría avanzar lo que es la tesis básica de este artículo: las elecciones puede ganarlas la Oposición democrática. Sencillamente, porque con una mayoría importante -que podría conseguirse- los trucos electoreros de la ley de Reforma y los que puedan venir con la futura ley Electoral, serían arrollados. Pero tal cosa sería posible si se crease, con tiempo suficiente, una gran coalición democrática.

La gran coalición electoral podría estar formada por cristianodemócratas, socialdemócratas, socialistas y comunistas. El conjuntar un arco tan amplio de formaciones políticas, significaría la culminación lógica de todo el proceso unitario.

La gran coalición me parece que es la única fórmula para que la democracia gane. Implica, naturalmente, la necesidad de un pacto previo sobre la futura Constitución y la renuncia a las tesis negativas que puedan obstruir el triunfo de la democracia. Empezaremos por estas últimas, para después entrar en el análisis del pacto.

Dos tesis negativas

Recientemente he podido escuchar dos proposiciones que me parecen sumamente negativas. La primera viene a decir: «¿Pero quién piensa que realmente la Oposición democrática puede conseguir el 51 % del voto popular?»

Si la Oposición admite de antemano que no puede ganar, saldrá derrotada. Eso es seguro. Pero si todos los demócratas vamos juntos a las elecciones, éstas pueden ganarse. Claro que para ello hace falta ponerse de acuerdo en no pocas cosas, e idear fórmulas imaginativas. A ambos elementos me refiero después

La segunda proposición negativa a que he aludido consiste en afirmar que «en estas elecciones iremos solos -al menos para el Congreso de Diputados- a fin de conocer el peso de nuestros electores, nuestro perfil electoral». El que este sea el momento más adecuado para plantear tal propósito, es discutible desde la óptica general de un futuro democrático para España. Sencillamente, porque no estamos ante unas elecciones primarias, como gran sondeo para conocer los pesos de candidatos o partidos. Estamos -hay que subrayarlo- ante unas elecciones generales que pueden ser constituyentes, que van a contribuir decisivamente a configurar nuestro futuro. ¿De qué le serviría al partido X conseguir el 20, el 30 % del voto popular, si va a estar en la minoría y con una proporción de escaños mucho menor? ¿De qué puede servirle a todos los partidos de la Oposición democrática obtener el 45, el 50, o incluso el 55 % del voto popular si debido al sistema electoral Suárez-Fraga y al fraccionamiento no se alcanza la mayoría de los escaños en las Cortes? Sencillamente, no se haría otra cosa que confirmar "democráticamente » al bloque del Régimen; y en vez de proceso constituyente verdadero, habría una consolidación de las estructuras vigentes.

La organización de la gran coalición. Algunas ideas.

Desde luego, sería necesario un pacto previo sobre la Constitución a que se aspira. Tal esquema, podría contener las líneas básicas de la futura Constitución: libertades públicas, obligaciones de los ciudadanos, organización política (regiones y nacionalidades), separación de Iglesia y Estado, principios económicos básicos (progresividad fiscal, planificación democrática, etcétera), derechos sociales (al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social integral, etcétera), sistemas, electorales a los niveles municipal, regional y de Estado, etcétera. El pacto podría incluir, asimismo, un compromiso temporal, por un período concreto, digamos un año, para, a lo largo de él, elaborar la Constitución, realizar la prirnera consulta municipal, y al final del período convocar nuevas elecciones generales. Pero con el pacto no bastaría para ganar las elecciones. Serían precisas, además, unas alternativas y unas listas conjuntas de candidatos. Ante todo, es necesaria una alternativa global, un conjunto de medidas para salir de la crisis económica, con los reajustes sociales más urgentes. Porque la democracia no puede ser sólo un enunciado de bellas palabras, que acabarían por convertirse en sarcasmos si no trascendiesen a la vida cotidiana: al empleo, a los salarios y a su poder adquisitivo, a la seguridad social, a la vida en los pueblos y en los barrios, a las necesidades de escuelas, a los problemas de los pensionistas, de la pequeña y mediana empresa, etcétera.

Pero, además, habría que articular alternativas específicas para las regiones y nacionalidades. La Oposición democrática debería agruparse también a nivel regional, con proposiciones concretas para Cataluña, País Vasco-Navarra, Gal icia, Canarias, Andalucía, País Valenciano, Baleares, Extremadura, Murcia, las dos Castillas y León, Asturias, Aragón... Sencillamente, si hay un mercado y un sistema económico español que exigen una alternativa global, también hay problemas regionales y nacionales que deben apreciarse de modo específico, a través de alternativas regionales y nacionales. Esta es una cuestión en la cual la Oposición democrática tiene mucho a su favor, pues el bloque del Régimen sigue encastillado en el centralismo o en sus sucedáneos. Todo el proyecto de gran coalición de cara a las elecciones tendría que traducírse, finalmente, en unas listas electorales conjuntas para el Congreso, y en unos candidatos concretos para el Senado. La formación de las listas entrañaría no pocos problemas. Pero podrían ser resueltos con mayor facilidad teniendo en cuenta que el pacto sería para un tiempo limitado (un año), y que con la coalición electoral sería posible alcanzar un alto nivel de calidad en las candidaturas. El tema de la calidad de las candidaturas no es trivial. En vez de una docena de partidos, cada uno con sus candidaturas, a la actual Oposición democrática coaligada le bastaría con presentar, 558 candidatos (350 para el Congreso y 208 para el Senado). El nivel de calidad en esté último caso podría ser muy alto, pues comprendería los mejores líderes de las ciudades y regiones, pueblos y comarcas, actividades económicas y culturales.

Dificultades y responsabilidades

Ya sé que todo esto puede ser difícil de articular. Pero el bloque del Régimen se prepara casi alborozado a ver el festival de la Oposición, del fraccionalismo primero, y de su fracaso después. ¿Vamos a darles ese gusto...? El electorado democrático no perdonaría tanta esterilidad. Y con razón. Con estas líneas sólo quiero llamar a la responsabilidad hoy... Mañana sería demasiado tarde.