El PSOE sienta las bases de su programa electoral
En el XXVII Congreso del PSOE se aprobaron una serie de ponencias, que forman la base de actuación del partido, entre las que destaca la ponencia del Programa de transición, que define los objetivos a corto plazo de la organización, por lo que se perfila como base de los principios que se propondrán en la futura campaña electoral.En la ponencia Política, el PSOE se declara partidario del socialismo autogestionario y democrático, y reafirma su carácter marxista y de clase, dispuesto a tomar el poder, para lo que «el grado de presión a aplicar deberá estar en función de la resistencia que la burguesía presente a los derechos democráticos del pueblo».
Después se pide la abstención en el referéndum y, en cuanto a las elecciones, se afirma que sólo serán democráticas y legítimas si se cumplen las condiciones de la Plataforma de Organismos Democráticos, pero no se descarta la participación aunque no se den tales condiciones.
También se considera superada la escisión del PSOE en 1972, y en cuanto a la unificación con otros grupos socialistas se recomienda a los militantes que apoyen esta actitud, sobre las bases de la aceptación íntegra de la declaración de principios del PSOE, el respeto a su democracia interna y la elección de todos los cargos como culminación.
Propiedad agraria de los trabajadores
En la ponencia de política agraria del Programa de transición, el PSOE manifiesta que, sin olvidar la interrelación de todos los sectores económicos, se debe conseguir la equiparación de los campesinos con los demás trabajadores, el control de aquéllos en las instituciones que les afectan, una mayor eficacia de la producción y distribución de los productos agropecuarios, mayor capacidad de empleo en el medio rural, evitar la desertización del campo y reformar la legislación poniéndola al servicio de estos objetivos.En cuanto a la justicia, en el mismo programa el PSOE afirma que los tribunales deben ejercerla en nombre del pueblo, defendiendo las libertades, la autonomía regional dentro de la unidad del Estado, los derechos de las minorías y a la comunidad ante cualquier amenaza de dictadura personal. También se defiende la libre información de los procesos jurídicos, el Gobierno autónomo del aparatojudicial por el Consejo Superior de la Magistratura, elegido entre los profesionales.
Para la sanidad, el PSOE recomienda descentralización y autogestión para una integración efectiva de la prevención, curación y rehabilitación, docencia e investigación, así como la creación de un Ministerio de Sanidad y de una Escuela Nacional de Farmacia para la producción y distribución de medicamentos.
La enseñanza debe ser democrática, controlada por los trabajadores del sector, los alumnos y las familias y las asociaciones populares. Será, además, gratuita y plenamente pública, con desaparición de la enseñanza privada y laica.
En cuanto a la ponencia municipal, del mismo programa, el PSOE se propone conferir la máxima capacidad de decisión al ciudadano y descentralizar la vida administativa del país. Todos los cargos serían revocables, y las instituciones que integraran tendrían competencia en todos los asuntos directamente relacionados con ellos, sin transferencia de poderes a otros entes de dimensión superior.
El suelo urbano seria municipalizado a través de expropiaciones, fiscalidad progresiva en las plusvalías urbanas y lucha en general contra la especulación. Para cumplir este programa se promocionarían las haciendas municipales, concediéndoles autonomía fiscal local.
La ponencia de Organización y estatutos estructuró el PSOE como partido federal, apelativo que toma el comité nacional, y creó la figura del presidente del partido. Se rebaja la edad de ingreso a los dieciséis años y se modifica el sistema de admisión.
Según la ponencia de Nacionalidades, España se estructuraría como una república federal, en la que se consideran las unidades federales, garantizándose el principio de autodeterminación.
Respecto a la ponencia Administrativa, se pretende la autofinanciación de las federaciones, el pago de una cuota de 25 pesetas por militante, salvo que las federaciones decidan aumentarla particularmente, y la vigilancia del comité nacional sobre las aportaciones que no provengan de los milltantes.
En la ponencia de Varios se estudiaron, entre otros, los problemas de la familia. Se rechazó la propuesta de sustituir el contrato matrimonial por la libre unión mantenida por el amor y se aprobó la legalización del aborto y la protección a las madres solteras por el Estado.
Durante el congreso se aprobaron otras ponencias referidas a formación, información y propaganda, política internacional y economía (véase EL PAIS del 7 de diciembre).
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