Garantías antes del referéndum

Tal vez muchos se pregunten por qué la Oposición democrática tiene tanto interés en negociar con el Gobierno, antes del referéndum, la futura normativa electoral. No se trata, como algunos piensan, de un interés partidista ni de un recelo o desconfianza hacia el Poder. Bastante de eso hay, ciertamente, y es legítimo que lo haya, pero lo que une hoy -o debiera unir al Gobierno y a los demócratas es la necesidad de colaborar a la constitución de un régimen nuevo en el que participen todos los españoles. En este sentido, ni el referéndum es un puro trámite de la legalidad franquista ni el restablecimiento de las libertades democráticas es algo que pueda producirse en no importa qué momento. Existe una lógica que hace de las conversaciones Poder-Oposición antes del referéndum, el primer paso -imprescindible e insustituible- del proceso democrático constituyente de nuestro país.Lo que hace más grave, en primer lugar, la responsabilidad del Gobierno y la legítima desconfianza de la Oposición e! el hecho radical que, en los últimos siglos España sólo ha vivido dos procesos democráticos constituyentes, rápidamente abortados por las fuerzas conservadoras reaccionarias. En 1868 y 1931 se iniciaron unos intentos de constituir el estado desde la base, lo! cuales aunque -llegaron a alumbrar sendas constituciones, no pudieron consolidar la democracia, pues el aparato de poder de las fuerzas conservadoras no fue desmantelado ni éstas se prestaron a respetar la democracia tan débil y respetuosa. Si en 1868 y 193 1, los demócratas cayeron en la trampa de no hacer una revolución política auténtica, y por eso fueron barridos en seguida, hoy temen caer en el juego de una falsa democracia, dominada por las eternas fuerzas de la conservación.

En segundo, el proyecto de ley de Reforma Política que ha de someterse a referéndum es, objetivamente, el marco de juego impuesto por el franquismo a la incipiente democracia española. Tal marco no sólo asegura que esta última llegue a producirse, sino que tiende a dificultarla y adulterarla, a no ser que medien «correctivos» democráticos eficaces.

El proyecto citado hace de la ley de expresión, de la soberanía popular, y de las Cortes el órgano creador de la ley. A su vez, las Cortes habrán de ser bicamerales, y elegirse según procedimientos todos ellos favorables a los grupos conservadores. El proyecto nada dice de que las próximas Cortes hayan de ser constituyentes. Tan sólo prevé la posibilidad de una reforma de las actuales leyes fundamentales y regula previamente su procedimiento de un modo que hace del proceso reformador un acto complejo, prolongado y difícil. Para colmo, y pese a que la primera consecuencia lógica del referéndum del día 15 sería la dimisión del actual Gobierno (pues democracia y Gobierno no representativo se excluyen), no podrá nombrarse tal tipo de Gobierno hasta que las Cortes aprueben constitucionalmente. su formación ya que las instituciones franquistas siguen vigentes mientras no se deroguen.

De todo ello se deduce que un verdadero proceso constituyente democrático requiere, como mínimo, que las fuerzas del cambio superen con éxito las dificultades «técnicas» que el proyecto de reforma política ha colocado sabiamente para hacer del cambio un largo proceso reformista eficazmente frenado por los ex franquistas y bajo el control del actual Gobierno. La necesidad, por tanto, de que los partidos democráticos no sólo no vean disminuida su presencia, sino incluso compensada o potenciada, es indudable. Aun con libertad plena, su fuerza no se verá nunca reflejada correctamente en las futuras Cortes y, en consecuencia, el peligro de que no se apruebe en su día constitución democrática alguna es enorme.

Se comprende el temor patriótico de los demócratas. Estos podrían abstenerse en la «operación reforma» y esperar a que la fuerza de la conflictividad social Y política les llevara al Poder por abandono final de unos reformistas ciegos, a la necesidad de equilibrar democráticamente el gran poder incólume del franquismo. Pero dije antes que los demócratas aspiran a una constitución que regule estable y duradera la resolución de todos esos conflictos. Por eso exigen, como mínimo, la posibilidad de ponerse a elaborar (aun con dificultades) una constitución moderna y democrática, en la que quepan todos, incluidos los que no creen en la democracia o la temen.

Si el sistema electoral mayoritario asegura ya en el Senado la fuerte presencia del pasado y los «correctivos» del proporcional buscan su no ausencia en el Congreso, ¿cómo no exigir las máximas garantías electorales previas para ir a un tipo de Cortes ya impuesto en el proyecto cuyo referéndum se pide? ¿Cómo no abstenerse a denunciar esta primera consulta si el no hacerlo significaría aceptar un proceso electoral que no podría concluir en una constitución democrática y sí, en cambio, en la legitimación seudodemocrática de quienes se empeñan -pues nadie los ha vencido todavía- en seguir monopolizando el poder del que se apropiaron hace cuarenta, cien, o 150 años.