Derecho a un desagravio

Lo SUCEDIDO días atrás en Barcelona (EL PAIS, 29 de octubre) con motivo del juicio contra tres policías acusados de malos tratos a detenidos es exactamente una muestra de lo que el Gobierno no debe volver a permitir bajo ningún pretexto: la actitud tumultuaria de quienes, por deber y por misión, tienen precisamente que salvaguardar el orden público.Es evidente que los policías que protagonizaron los incidentes frente al juzgado son minoría en el Cuerpo, y es evidente también que ni se puede ni se debe juzgar a la. policía por el erróneo comportamiento de algunos de sus miembros. Pero demasiadas veces el poder se ha mostrado blando o incapaz frente a la agresión continua que está recibiendo desde su propio seno. Estos grupos minoritarios han perjudicado injustamente la buena imagen pública de la policía, que debe ser respetada, y no sólo temida, por el pueblo si querernos hacer la democracia. Por eso no creemos que haga falta valor para decir estas cosas: porque sabemos que la policía está formada por una inmensa mayoría de funcionarios conscientes de su misión, que la cumplen honrosamente y que se sentirán tan avergonzados como el que más por el suceso que comentamos.

Las autoridades, desde el jefe superior de Barcelona al ministro de la Gobernación, deben entender que los ciudadanos tienen derecho a un desagravio, y los responsables deben ser castigados. Porque, al margen lo anecdótico de los hechos, lo sucedido en la Ciudad Condal es un aviso al que conviene atender. Cuando la autoridad se vuelve contra la propia autoridad, el Estado amenaza con quebrarse.