El decreto ley de medidas económicas

Si hubiese que preguntarse cuándo empezó la actual crisis española habría que remitirse al 16 de octubre de 1973, a efectos económicos, fecha en que la OPEP anuncia la subida de los precios de los crudos, y al 20 de diciembre de 1973, a efectos políticos, fecha de la muerte de Carrero Blanco.No obstante dentro de una crisis general hay momentos en que esa crisis es más evidente y otros en que lo es menos. El momento actual no es desde luego de los segundos.

¿Formas de resolver la crisis?, el pacto político (Gobierno-Oposición) y el pacto social (Empresa-Movimiento Obrero).

El pacto político no alcanza a verse todavía, la reciente suspensión del Congreso del PSOE, y cualquier otro acto público lo demuestra a las claras; que tampoco hay pacto social lo demuestra el real decreto ley sobre medidas económicas.

Para intentar solucionar la crisis el Gobierno rompe por el eslabón más débil y una vez más es la clase obrera la condenada a sufrir las consecuencias de la crisis. Se la castiga, ¿qué otro término emplear? con el despido libre y la congelación de la negociación colectiva.

La sola adopción de estas medidas ya supone que el susodicho real decreto ley es anti-obrero y antidemocrático, pero lo trágico es que además sea incoherente y demagógico, y ello en base a lo siguiente:

1. Se congelan salarios como medida para luchar contra la inflación y junto a ello se aumenta en un 20 por 100 los aranceles, medida inflacionista y además contraria a la política de acercamiento al Mercado Común Europeo que siempre se ha quejado del excesivo proteccionismo a la empresa nacional.

2. Congelación de precios, medida positiva si lo fuese en base a subvenciones estatales a productos básicos, pero no la congelación artificial que supone hacerlo por decreto.

3. Despido libre para fomentar la inversión; mientras se limita al 8 por 100 del capital desembolsado, en las empresas de nueva creación, los posibles beneficios a repartir, estímulo que parece insuficiente para la creación de nuevas empresas en un momento en que hacen falta nuevos puestos de trabajo ante el alarmante nivel de paro.

Y es más, se facilita a la empresa el poner en la calle a líderes obreros, o «incómodos» por cualquier razón, con lo que se está posibilitando aumentar ese nivel de paro.

Y todavía más, en el mismo Boletín Oficial del Estado que publica las medidas económicas hay un real decreto, 2.344/ 1976, por el que se fijan precios diferenciales para los excesos del consumo de ciertos productos petrolíferos y se establecen medidas de control de rendimientos energéticos e industrias, pues bien, en este real decreto se establece un recargo del 50 por 100 para el fuel-oil y gasóleo tipo C para usos industriales que excedan del 95 por 100 de las cantidades entregadas durante los doce meses anteriores al 12 de octubre de 1976, ¿esto qué es?, si no se aumenta el PNB, difícilmente se podrán crear puestos de trabajo, entonces lo que se está haciendo con este recargo es limitar las posibilidades de expansión al empresario dinámico.

4. Finalmente en vez de enfrentarse seriamente a una reforma fiscal en profundidad, se toman medidas de aumento de los tipos de gravamen en los tranios de base liquidable superior a un millón de pesetas, medida que sólo traerá consigo un aumento, aún mayor, fraude fiscal, el problema principal ahora no es que sean bajos los tipos de gravamen, sino el fraude existente, y no se toman medidas para evitarlo como podría ser fortalecimiento de la inspección de Hacienda, fuerte control sobre la evasión de capitales y otros medios existentes que acabasen con la preponderancia del gran capital sobre nuestro país, si bien la cuestión sería, no quiera quien corresponde, naciese «otro país» que es precisamente el de los trabajadores.