Cautela del Gobierno y los sindicatos ante la crisis social italiana

El comité interministerial de precios que ayer tenía que ratificar el aumento de la luz eléctrica y de los teléfonos contemplado por el plan de austeridad del gobierno Andreotti, aplazó sus decisiones, tras una reunión de los líderes sindicales con los subsecretarios de la presidencia del consejo, Franco Evangelisti, y de la industria, Gianurario Carta.

Los sindicatos afirman que se trató de un encuentro «interlocutorio». La verdad es que el gobierno Andreotti demuestra prudencia y voluntad de no tirar excesivamente de la cuerda de la austeridad con unos sindicatos que, por lo pronto, demuestran no saber coordinar su táctica con la estrategia política general de la izquierda.

Mientras el parlamento está discutiendo el presupuesto para el año que viene, los sindicatos se están, en realidad, dejando llevar por un debate interno del que surgen posiciones muy diversas. La mayoría de la Unión Italiana del Trabajo (UIL), socialista, quiere la huelga general, mientras la minoría republicana se opone. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) también es partidaria de la huelga, pero con modalidades diversas. La CISL, fundamentalmente democristiana, estaría disponible para manifestaciones articuladas de protesta, pero no para una huelga general inmediata.

Ayer, en resumidas cuentas, se reunió la secretaría confederal de CGIL—CISL—UIL para preparar las decisiones últimas que serán adoptadas por el directivo el 19 y 20 próximos. La base sindical empuja por su cuenta y en Milán se ha anunciado ya una huelga general para el 20 de octubre. Por su cuenta se ha reunido también el más poderoso sindicato de la federación, el del Metal, parte de cuyos trabajadores (sector electrónico) han parado ayer dos horas para defender el nivel de empleo.

El marco político general sigue, mientras tanto, sustancialmente inmutable. Aldo Moro ha sido nombrado presidente de la democracia cristiana y ha confirmado su apoyo al gobierno Andreotti. Los socialistas siguen insistiendo en que la situación se desblocará sólo con un gobierno de emergencia con socialistas y comunistas. Los republicanos, que quisieran conquistarse un espacio de mediación entre los dos grandes partidos dominantes, comunista y democristiano, pasan lentamente a una oposición activa al gobierno, pero práctica y no ideológica, juzgada caso por caso. Los socialdemócratas vuelven a entender de nuevo que el único camino de la supervivencia como partido es hacer frente común con los socialistas.

Se tiene la impresión de que un gobierno débil, apoyado en una mayoría de «no desconfianza», comience a realizar lo que el verano de 1974 no se permitió hacer a gobiernos de centro-izquierda: reducir el crédito, aumentar la gasolina, aumentar los impuestos sobre los consumos de lujo: champagne, flores y bebidas, y adecuar de un modo u otro las tarifas a los costes para contener los déficit de gestión y gasto público. Los comunistas quieren hoy, después de la victoria del 20 de junio, que los sacrificios, los precios, los cortes, las renuncias no sean sólo una medida para contener la hemorragia y la catástrofe, sino una condición suficiente para superar la crisis.

Por su lado, Andreotti acaba de dedicar un inesperado elogio a Berlinguer: «He notado —dijo en un programa de televisión un gran sentido de responsabilidad en Ber linguer, que ha antepuesto los intereses del país a los de su partido. Mi aprecio hacia él ha crecido después de nuestras largas conversaciones con motivo de las últimas crisis, y por su postura de dejar abierto el camino al gobierno».