El "bunker" y la oposición, desiguales ante las elecciones

Anunciada la celebración de elecciones generales en nuestro país, como primer paso hacia una normalización democrática, importa más, cara a conseguir ese objetivo, cómo se celebrarán esas elecciones y cuál será el ambiente político que las precederá, que quién las ha de ganar. La instauración de la democracia en nuestro país no va a depender de que sea un partido democrático el que acceda al poder, sino de que el procedimiento para el acceso al poder -aunque sea de un partido franquista- se realice con escrupulosidad democrática.

Estando las cosas como están, es requisito es mucho más arduo complicado que redactar proyecto de ley de reforma polítca, con los necesarios quilates de democracia. E implica una sinceridad democrática dificil de concebir en quienes se beneficiaron durante cuarenta años -los más jóvenes durante algunos menos- de un sistema autocrático que marginó sistemáticamente al pueblo.Mientras no se demuestre le contrario -y a la vista de la menor resistencia inicial que el bunker está oponiendo a un proyecto de reforma constitucional más ambicioso que el patrocinado por el Gobierno Arias-, la impresiór que ofrece el régimen es la de aceptar someterse al examen ante las urnas que exige la oposición, pero asegurando el resultado favorable, mediante la conservación de todos los resortes legales y de podei que garanticen su triunfo.

El problema no reside en que ese triunfo electoral de los sectores franquistas o, en general, de la, derecha, se produzca. Incluso puede asegurarse que, aun con pureza democrática, tales grupos ganarían las primeras elecciones, por la propia inercia política generada durante cuarenta años y por la imposibilidad material de que los partidos de oposición creen en pocos meses una adecuada infraestructura. El problema reside en la duda razonable que tal actitud provoca en la oposición y en la propia calle sobre la autenticidad de las invocaciones a, la democracia y_a la soberanía del pueblo, que acaban de ser consagradas por el presidente Suárez como motores de toda la vida política.

Aun cuando se llegara a aceptar la sinceridad democrática del Gobiemo, si mucho antes de las elecciones no se han desmontado los mas influyentes aparatos políticos de la dictadura y no se han derogado -por el expeditivo procedimiento del decreto-ley- las leyes represivas contrarias a la concepción jurídica de un Estado democrático, aquella sinceridad sería mucho más que dudosa y, en cualquier caso, ineficaz.

En cuanto al aparato, me refiero a los miles de centros de irifluencia y de poder dependientes del Movimiento distribuidos por toda la geografía española. Otro tanto cabe decir de los órganos sindicales e incluso de las agencias de extensión agraria, que llegan a las más apartadas comarcas del medio rural. La capacidad de movilización electoral de estos núcleos, maneja dos políticamente desde Madrid o desde el respectivo Gobierno Civil, impide creer en la neutralidad del establecimiento. Especialmente en la esfera provincial -electoralmente decisiva- dado el talante no democrático de muchos de los últi mos gobernadores civiles -y jefes provinciales del Movimiento, no se olvide- designados tanto por el Gobierno Arias como por el actual.

En materia legislativa, y sin ne cesidad para su derogación, de reorma constitucional, subsisten normas incompatibles con la de mocracia y que impiden una libre actividad política imprescindible antes de unas elecciones. Los artículos sub9istentes del decreto-ley sobre prevención del terrorismo; el fuero jurídico especial concedido a la policía; la responsabilidad personal subsidiaria -que mete legalmente en la cárcel a quien no pague una multa gubernativa, mientras el ministro Lavilla proclama con todo rigor teórico que la potestad sancionadora de la. libertad es privativa del juez-; las facultades de los gobernadores en materia de orden público, y la imposibilidad legal de los abogados para asistir jurídicamente al detenido, son algunas muestras de una legalidadcontraria a toda inspiración democrática.

Otro problema no resuelto cara a las elecciones, y también a la necesaria etapa de comunicación con el país previa al referéndum, es el de la utilización de los medios de comunicación oficiales, especialmente la poderosa televisión. Si el procedimiento de legalización de los partidos mediante su inscripción registral no da más resultados, y el Gobierno no se decide lisa y llanamente a reconocer jurídicamente la realidad que viene tolerando, «los grupos políticos más significativos que existen en España» tendrían dificultades para llegar al gran público, que podría quedarse sin conocer las alternativas estimables que ofrecen, en opinión del propio presidente Suárez.

Ante este panorama, falto de las necesarias garantías, se explic-a mejor la actitud lenta, indecisa, confusa, de la oposición, que semej a un elefante de plomo, mientras el bunker -elefante de papel en la optimista opinión del profesor Tierno- se apresta a jugar todas sus bazas, en un intento de conseguir el continuismo del franquismo a través de la apariencia democrática de las urnas, ya que no parece poder lograrlo mediante la perpetuación de los mecanismos obsoletos de la democracia orgánica.

Hasta López Rodó, habituado a gobernar desde el despacho y el teléfono, y para quien las asociaciones políticas eran hace sólo unos años como un sexto dedo estrambótico y patológico, se apresta, dicen, a la lucha electoral.