El gobernador de Guipúzcoa

Tomamos nota de la importancia que el país, y con él EL PAIS, ha sabido dar a los sucesos de estos últimos días en Guipúzcoa, y al papel en ellos jugado, por acción u omisión, por su gobernador civil, señor Menéndez-Manjón.A nosotros, residentes en Granada durante los dos años de su desdichado mandato en esta provincia, no nos extrañan en absoluto los iniciales resultados de su gestión en la provincia vasca.

Nuestra Granada padeció durante su mandato cientos de multas gubernativas -de 500.000, de 400.000, de 350.000 pesetas, muchas veces aun a obreros en paro y a estudiantes- y una aplicación desaforada del tristemente recordado decreto-ley antiterrorismo, en su versión original. Y no digamos nada de actos públicos: el único acto masivo de tal carácter que hubo de autorizar -a las 48 horas de la entrada en vigor de la nueva ley de reunión- fue el homenaje popular a García Lorca, en Fuente Vaqueros. Tras un fracasado intento de organizar un falso homenaje oficial, el impresionante despliegue de fuerza pública que se montó y las severas instrucciones que ésta tenía -incluyendo la colocación de metralletas en los tejados- no consiguieron impedir la presencia de más de 10.000 personas en perfecto orden y con espíritu de fiesta en el homenaje. Pero al menor error o a la más pequeña o supuesta provocación, pudieron producir allí la catástrofe.

Todas estas cosas y muchas más eran aquí conocidas. Fuera de Granada tenían menos eco, porque las repercusiones públicas de los hechos acaecidos en las provincias pobres suelen ser menores. En Granada, por otra parte, ninguna de las actuaciones del señor Menéndez produjo, ni por asomo, la protesta o dimisión, no ya de dieciocho ayuntamientos, sino ni siquiera del más modesto concejal de la provincia. Y los que se atrevían a comentar algo eran mirados unas veces como compañeros de viaje y otras simplemente como rojos.

Ahora España empieza a contemplar algunos resultados de nombrar para cargo de tan grave responsabilidad, y en una provincia mucho más dificil políticamente hablando, y mucho más concienciada, a persona así. Y ello demuestra también, una vez más, que los procedimientos que -a duras penas- dan resultado en la España empobrecida (precisamente porque su situación socioeconómica no es aún muy distinta de la del conjunto del país en los años cuarenta), no se pueden trasplantar sin más a zonas con mayores volúmenes de clases medias y obrera urbano-industrial, aparte de su específica peculiaridad histórico cultural.

(Catedrático de Derecho Político) Y ocho firmas más