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Tribuna:

La ley francesa sobre el empleo del idioma / 1

La Asamblea francesa aprobó el 31 de diciembre último una ley «relativa al empleo de la lengua francesa», entró en vigor inmediatamente, salvo dos de sus artículos que serán aplicables a partir del próximo 1 de enero. Las autoridades de la nación vecina se encuentran satisfechas por haber dado un paso legislativo que será seguido sin duda por los demás países de la Comunidad Europea. Creo conveniente dar a conocer los términos en que se manifiesta esa ley -inducida por preocupaciones que entre nosotros ni se sospechan-, como mero informe que será arnpliado en otro próximo artículo.El texto legal tiene un alcalce importante, pero más limitado que el sugerido por su título. Porque sólo afecta al empleo del francés en materias cornerciales, contractuales y de uso de bienes y servicios públicos. Sus nueve artículos cubren los propósitos siguientes:

1. Mejorar la protección de los consumidores. A tal fin, prevé que la designación, la oferta. la publicidad escrita o hablada, las facturas, los recibos y garantías, y las instrucciones para el uso de un producto o de un servicio, deberán hacerse obligatoriamente en len-ua francesa. En tales textos se prohibe introducir expresiones o términos estranjeros, si existen equivalentes nacionales aprobados según el decreto de 7 de enero de 1972, «relativo al enriquecimiento de la lengua francesa».

En efecto, dicho decreto, sugerido por el «Haut Comité de la Langue Française», preveía la constitución de comisiones de terminologia, con el fin de establecer, por sectores; inventarios de las deficiencias del, léxico francés, y de proponer los términos, necesarios para designar realidades nuevas o sustituir extranjerismos no asimilados por el idioma. Componen tales comisiones representantes de la Administración, y personalidades pertenecientes a empresas públicas y privadas manifiesta inente competentes en las materias de que se trate. Sus trabajos son revisados por la Academia Francesa, con la colaboración del Consejo Internacional de la Lengua Francesa, y una vez decididos los términos. el ministro del ramo correspondiente, junto con el de Educación Nacional, firma el decreto que establece su obligatoriedad. Las listas aprobadas se publican periódicamente en el Journal Officiel, y en ellas se distinguen las palabras definitivamente decididas, de aquellas otras cuyo empleo se sugiere y se pone a prueba. Los resultados, a juzgar por los informes del «Haut Comité». son excelentes: los nuevos términos, en general, han sido acogidos favorablemente por el público y las revistas técnicas. Y se exige su utilización en todos los documentos que emanan del Estado o que le son dirigidos. y en las obras de enseñanza, de formación y de investigación empleadas en los centros públicos o que se benefician de subvenciones estatales. Hasta ahora se han publicado listas oficiales de términos-referentes a los medios audiovisuales, construcción y obras públicas, energía nuclear y del petróleo, transporte, economía y finanzas, informática y medicina. No hay aún un vocabulario deportivo, aunque se avanzó algo en él con vistas a la reciente Olimpiada. He aquí, como ejemplo, equivalentes franceses del inglés aprobados por decreto: crédit-bail (leasing), dopage (doping), matêriel (hardware), redevance (royalty), boutique franche (duty free shop).

Son, pues, las palabras extranjeras con términos franceses oficialmente fijados. aquellas cuyo uso será objeto de castigo en los documentos a que nos referíamos antes, y en la publicidad. La sanción aplicable a los infractores es la misma que la prevista por represión de los fraudes; las multas se escalonan así: de 80 a 160 francos, en la primera Infracción: la misma cantidad si se reincide, y de 90. a 5.600 francos ante una nueva reincidencia en menos de tres años. Lo cual es mucho, si se tiene en cuenta que se consíderan infractores cada venta de un producto, o cada anuncio que, por ejemplo, aparezca un día en medios de difusión distintos. Para dar tiempo a que fabricantes, comerciantes y, en general, todos los posibles responsables procedan a cambiar textos, carteles. etc., se los concede el plazo de un año, que, como he dicho, terminará al acabar el actual.

Por supuesto, nada impide que, cuando sea necesario, (transportes, aeropuertos, propaganda, etcétera) acompañe al texto francés otro escrito en lengua distinta. Sin embargo (atención: al fondo, las multinacionales), el artículo segundo estipula que aquellas disposiciones protectoras no serán aplicables «a la denominación de los productos típicos y especialidades de nombre extranjero muy conocidos del público», y se prevé que podrán decretarse derogaciones y excepciones en virtud de los compromisos internacionales contraídos por Francia.

2. Asegurar la protección de los contratantes. En efecto, todos los contratos que deban surtir efecto en Francia deberán estar redactados en francés. Caso de que en ellos haya de figurar algún término sin equivalentes en dicha lerngua, tendrá que incluirse una explicación en francés que lo aclare con precisión. Si se trata de asalariados extranjeros, éstos podrán exigir una traducción del contrato en su propia lengua, que tendrá idéntica fuerza legal que el original: pero. en caso de discordancia entre los dos textos, sólo será válido el traducido al idioma del asalariado.

La proposición de la ley (que en principio iba a llamarse, más ambiciosamente, «de defensa de la lengua francesa») fue presentada en la Asamblea Nacional por Pierre Bas, en mayo de 1973; hasta 1975 no estuvo dictaminada por la Comisión de Leyes Constitucionales, cuyas conclusiones. defendidas por Mare Lauriol, fueron aprobadas por el Parlamento en junio de ese año. En octubre obtuvo los votos del Senado, con leves modificaciones que aceptó la Asamblea, y, como he dicho, Giscard d'Estaing la sancionó con su Firma el 31 de diciembre (J.O., 4.I. 1976). Los debates en la Asamblea fueron, en ocasiones, bastante vivos, y rebasaron el marco del texto discutido-, de ellos me ocuparé en mi próximo artículo.

Preocupación especial del «rapporteur» Lauriol fue evitar el dictado de chauvinismo que podía recaer sobre la iniciativa, y hacer notar que su alcance era relativamente marginal: no se le podía acusar de imponer reglas severas al idioma, cuyo soberano es el uso. La ley deseaba sólo «estimular su empleo en los dominios. por fortuna aún poco numerosos, en que ciertas influencias económicas, culturales o científicas extranjeras conducen a la suplantación o a la alteración del francés». El riesgo le parecía especialmente grave porque las empresas «con vocación multinacional» exigen el conocimiento, y, a veces, la utilización exclusiva de la lengua de su país de origen, qe suele ser el inglés de América. Ello no supone patrocinar el monolingüismo de los franceses, porque es compatible con el aprendizaje obligatorio de otro idioma, preferentemente alguno de los que se hablan en la Comunidad Europea (entre paréntesis, esta medida ya adoptada o a punto de adoptarse en todos los países de dicha alianza está ocasionando grandísimo quebranto a la enseñanza del español en ellos). Ni tampoco condenar al francés a un purismo inactivo: M. Lauriol exhortó a la invención de vocablos nuevos para designar realidades, nuevas, pero de estirpe francesa, a un «purismo evoltitivo», en suma, que respete el genio delalengua.

Cualesquiera que sean las reservas que esta ley suscite -por su timidez, más que por sus alcances-, lo cierto es que Francia continúa en su papel de pionera de la protección de su idioma. Sus legisladores han salido oportunamente al paso de una invasión que se presentaba aún más agresiva que entre nosotros. Una máquina autoinática. por ejemplo. instalada en una prefectura de la región parisiense, y que proporcionaba pólizas para pagar multas de tráfico, las expedía con un papelito en que se leía: «Thank you, we appreciate your patronage». Sin embargo, el más grave problema no radica ahí, sino en el destrozo que el francés (y el español), en su empleo ordinario, está sufriendo por múltiples causas. Una de ellas, fundamental: la acción de la prensa, la radio y, la televisión, la ley francesa no puede reprimir sus desafueros ideomáticos porque respeta su libertad. Sólo alcanza a la publicidad que se haga por dichos medios. El «Haut Coinité», por boca de su portavoz M. Bruguiere, expresaba hace poco su convicción de que el cuidado que iba a exigir en la lengua publicitaria podría servir de ejemplo para quienes escriben o hablan en las columnas o «espacios» próximos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de septiembre de 1976