El Gobierno portugués refuerza las medidas de orden público

Desde que Mario Soares asumió las funciones de primer ministro, Portugal ha registrado una sola «alteración del orden público», cuya importancia fue relativa. Como informó EL PAIS, un grupo de habitantes de chabolas impidió al ministro de la Vivienda salir de su Ministerio algunas horas, y posteriormente se enfrentó a la policía.Ahora, el Gobierno ha dado a conocer un comunicado en el que afirma que «no tolerará ciertas formas llamadas de lucha que están penadas por la ley». En este sentido, el comunicado cita «las ocupaciones salvajes e ilegales de casas y propiedades», «la retención ilegal de bienes y mercancias», «el secuestro de personas (por móviles políticos se entiende)». la «interferencia con la vida política de otros países con los que Portugal mantiene relaciones de cooperación y amistad ».

Asimismo, el Gobierno de Mario Soares manifiesta que «responderá con la fuerza a la provocación y la violencia» para que la ley se cumpla y para defender las instituciones democráticas.

Basándose en un decreto-ley de agosto de 1974, el Gobierno portugués puntualiza que no serán permitidas manifestaciones ni «comicios» a menos de 100 metros de «los edificios del Estado, cuarteles y cárceles, así como de representaciones diplomáticas».

Las medidas que estaban ya en vigor, pero que jamás han sido cumplidas, no son especialmente rigurosas, pero evidencian el claro propósito del Gobierno Soares de no permitir alteraciones del orden público de ningún tipo. Los observadores indican también que es significativo que haya sido el Gobierno el que haya tomado esta posición, cuando lo normal en este país es que el Consejo de la Revolución se hubiese pronunciado sobre el asunto. Por ello se cree que esta actitud es una muestra de que el Gobierno presidido por el líder socialista luso pretende ejercer todas sus competencias, relegando a un segundo plano el Consejo de la Revolución.

Ayer precisamente, los GDUPS (Grupos Dinamizadores de Unidad Popular) realizaron una manifestación protestando contra los desahucios y las «desocupaciones de casas». Desde la entrada en vigor de la Constitución, la mayoria de las ocupaciones realizadas durante el verano pasado han sido consideradas ilegales, y los tribunales están procediendo a la expulsión, por medio de la policía, je los «ocupantes», en su mayoría habitantes de las innumerables chabolas de los alrededores de la capital.