La Comisión Europea de Derechos Humanos revela que hubo torturas en el Ulster

Una niña de diez años y sus padres murieron ayer en Belfast, víctimas, de la explosión de una bomba que fue lanzada contra su casa. La pareja era católica.Casi al mismo tiempo que se producía este atentado salía de la cárcel de la capital del Ulster Maire Drumm, la líder del Sinn Fein provisional, rama política del IRA. La señora Drumm había sido detenida hace tres semanas después de participar en una manifestación prohibida en la que se protestaba por el trato que se les dispensa en Irlanda del Norte a los terroristas, a los que el IRA quiere que se contemple como prisioneros políticos. Durante aquella manifestación, la señora Drumm pronunció un discurso con el que dio comienzo una ola de enfrentamientos violentos que culminaron en el ataque por parte de algunos de sus partidarios contra el diputado socialdemócrata católico Gerry Fitt. Ahora, la policía no ha encontrado evidencia a la señora Drumm y la ha liberado incondicionalmente.

Estos dos acontecimientos se han producido cuando ya se han dado en Londres detalles de un documento en el que la Comisión Europea de Derechos Humanos afirma que el Gobierno británico es culpable de tortura, aunque no de discriminación contra los católicos en Irlanda del Norte. El documento, que contiene cerca de 9.000 páginas, se ha formado con declaraciones de testigos que han hecho sus confesiones en Estrasburgo, la sede de la Comisión Noruega y el propio Ulster.

Las torturas aplicadas contra prisioneros en Irlanda del Norte fueron tanto de orden físico como mental. Se efectuaron inmediatamente después de que se pusiera en vigor la ley de internamiento sin juicio previo en 1971. Según el documento, esta ley era necesaria, dada la situación de violencia que se vivía -y se vive- en el Ulster. Sin embargo, junto a la ley debieron arbitrarse medios que impidieran que los interrogatorios de los detenidos quebraran los mínimos derechos humanos.

La encuesta se inició a partir de una serie de denuncias hechas por el Gobierno irlandés acerca del modo seguido para aplicar aquella ley. Una de las acusaciones que se hicieron entonces contra la Administración británica es que estaba discriminando en el Ulster en favor de los protestantes y en contra de los católicos. Con respecto a esta posible discriminación, la Comisión Europea ha hallado inocente al Gobierno inglés.

Sin embargo, aparte de condenar las prácticas de tortura en el territorio, la Comisión critica al Gobierno de Londres por no atender a la petición que se le hizo para que enviara a Estrasburgo a declarar a los políticos que estuvieron implicados en el uso de la ley de internamiento y que estuvieron al tanto del tratamiento que se daba a los prisioneros.