La justicia, pariente pobre

LA SITUACION material de la Administración de Justicia constituye una de las premisas que, sin apenas margen de error, sirven para medir el grado de institucionalización y efectividad de un Estado de Derecho. La esencia de éste radica, justamente, en considerar al poder judicial como garantía básica del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos de la persona frente a las intromisiones, arbitrariedades o abusos de los otros poderes del Estado. Ahora bien, la proclamación formal, a nivel constitucional, de esta función quedaría en pura retórica si no se dotara a la Administración de Justicia de los medios materiales precisos.Si llevamos este razonamiento al ruedo ibérico, la conclusión es inmediata: el actual Estado español, a la luz de esas premisas, no ha sido, ni es, un Estado de Derecho. Tal es la penuria en que se desenvuelve nuestra organización judicial.

Haría falta el talento literario de un Larra para describir con fuerza expresiva la lamentable situación de la inmensa mayoría de los Juzgados. Pisar su recinto produce una mezcla de congoja, depresión y pena que termina por transformarse en indignación. Porque es radicalmente intolerable, en una sociedad civilizada y a la altura de los tiempos que vivimos, que la Administración de Justicia esté albergada en sucios, viejos y desvencijados caserones, con despachos y oficinas atestados de legajos, muebles de baratija y funcionarios mal pagados. Son pocas las excepciones de esta imagen real.

Hace años que se arrastra la construcción de un edificio digno y funcional para los Juzgados de Madrid. Es una de esas obras en permanente estado de construcción, cuya terminación renquea sin solución de continuidad por falta de los créditos precisos, es decir, por falta de coniciencia de lo que significa para los ciudadanos el-poder judicial, y vor menosprecio, en el fondo, hacia la función judicial. El problema, naturalmente, no es sólo de Madrid, es de toda España. Pero. sirve de ejemplo revelador de cuál ha sido hasta ahora la actitud de las autoridades públicas en un país en el que, en los últimos tiempos, se han levantado enormes y lujosos edificios, a veces con manifiesto derroche, para atender a las necesidades de otros servicios públicos, de importancia cualitativa infinitamente menor que la Justicia.

Es preciso y urgente poner término a esta situación y dotar adecuadamente el presupuesto del Ministerio de Justicia para que todos, absolutamente todos los funcionarios de la organización judicial, desde los magistrados hasta los auxiliares, por la trascendencia y responsabilidad de la función que desempeñan, perciban unas retribuciones justas y trabajen al servicio de la colectividad con medios modernos y en un entorno digno. Hasta que eso ocurra no podrá afirmarse con rigor que vivimos en un Estado de Derecho porque, entretanto, la Justicia no podrá cumplir debidamente el papel que le corresponde. Y si el poderjudicial funciona malamente, no hay Estado de Derecho por muchas y solemnes declaraciones que hagan las leyes.