La Diputación solicita al Rey la restitución del concierto económico

La Diputación de Vizcaya acordó ayer solicitar al Rey, la derogación plena del decreto-ley de 23 de junio de 1937, que privó del concierto económico a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, por la sencilla razón de haberse alineado en el bando republicano. Esto les valió la consideración de «provincias traidoras», apelativo que no sería borrado de los textos legales hasta junio de 1968.Pese a que hace ocho años desapareciera la causa principal del castigo, éste -privación del régimen de concierto- sigue vigente. Es por eso que la corporación provincial vizcaína estima que la amnistía para delitos de intencionalidad política debe abarcar también a estas dos provincias vascas, devolviéndoles así los derechos que tenían antes de ser sancionadas.

En la exposición de motivos que hizo el señor Unceta-Barrenechea, presidente de la Diputación de Vizcaya, señaló que habían sido dos los argumentos utilizados en su día para justificar el castigo: La traición de las provincias y la necesidad de unificar el sistema fiscal.

El primero de tales argumentos carece de base, desde que hace ocho años se decidió eliminar las expresiones injuriosas del comentado decreto por estimar que no se correspondían con «el noble esfuerzo y laboriosidad que han caracterizado a dichas provincias centro de la unidad nacional».

La segunda motivación aparece todavía más absurda si se considera que pese a la pretendida unidad tributaria el régimen de concierto económico sigue vigente en Alava, «lo que nos lleva a considerar -añade el señor Unceta-Barrenechea- que en realidad la única fundamentación válida era el carácter sancionador de la medida».

«Por tales consideraciones, puede decirse que en la actualidad las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya están sancionadas sin comisión de falta alguna, es decir, cumplen pena sin la existencia de delito». Por todo ello y dentro del clima de convivencia y reconciliación que se pretende alcanzar con la amnistía, «parece el momento más adecuado para reiterar nuevamente el decidido propósito de esta Diputación de Vizcaya de conseguir la derogación total de los efectos sancionadores del decreto-ley de 1937».

Por último y respecto al concierto económico, que en esta disposición se calificaba de «generosidad excepcional», se señala que «la especial situación de estas provincias en materia fiscal era una exigua compensación a los derechos forales derogados por la ley de 21 de julio de 1876, cuyo centenario acaba de cumplirse; no se trataba, pues, de privilegios, sino de auténticos derechos fundamentados en situaciones históricas anteriores a la unidad nacional, llevada a efecto por los Reyes Católicos a finales del siglo XV ».