El Gobierno aborda los problemas de paro precios y vivienda

Reducir el paro, estabilizar los precios de los productos alimentarios de primera necesidad, estimular la inversión y establecer el concepto de vivienda social son los aspectos más importantes de las acciones económicas del segundo Gobierno de la Monarquía contenidas en dos reales decretos-leyes publicados ayer en el Boletín Oficial del Estado.Sobre esta base, el equipo económico del Gobierno elaborará las líneas del programa económico que se irá completando con posteriores decretos y ordenanzas en los que los Ministerios competentes trabajan en la actualidad.

Las medidas económicas aprobadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, celebrado en La Coruña, han atravesado una difícil fase de elaboración y discusión . Desde la retirada definitiva del proyecto de ley de actuación económica, elaborado por el anterior ministro de Hacienda, señor Villar Mir, hasta los largos debates que ocuparon a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos durante el pasado martes, las acciones urgentes en materia económica se han convertido, junto con el tema de la amnistía, en el caballo de batalla del actual Gobierno.

El primer decreto-ley hace especial hincapié en el control de los precios de los productos de consumo de primera necesidad. El articulado del citado decreto-ley hace referencia a la autorización de un crédito por valor de 24.000 millones de pesetas para primar el precio de los artículos alimenticios, subvencionar las producciones agrarias o pesqueras de origen nacional, apoyar transformaciones en regadío -así como obras de infraestructura que supongan la creación de puestos de trabajo en zonas afectadas por el paro o la emigración-, financiar un programa de estructuras comerciales de carácter social, reformar la inspec ción de mercados y corregir los precios de bienes y servicios básicos.

No obstante, los agricultores ya han mostrado su preocupación por el tema de la concesión del citado crédito, ya que son evidentes las dificultades del Tesoro Público para hacer frente a las elevadas subvenciones.

Para fomentar la inversión industrial, las disposiciones aprobadas establecen que las persona físicas sujetas a la cuota de beneficios del impuesto de actividades y beneficios comerciales e industria les y las entidades sujetas al impuesto general sobre la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas podrán deducir en concepto de apoyo fiscal a la inversión, de las cuotas de dichos impuestos una cantidad igual al 10 por 100 de las inversiones que realicen con aplicación exclusiva a las indus trias que se sitúen en zonas de lo calización industrial preferente, polos de desarrollo, áreas de expansión industrial o sectores de características especiales, como el minero, pesquero, siderúrgico y agrario.

Información en pág. 27