Relaciones laborales y el relanzamiento de la economía

Desde la publicación de las líneas generales de actuación del Gobierno Suárez parece haberse producido en el país una toma de conciencia sobre la urgente necesidad de actuar sobre la economía nacional ya que sin una situación estable de ésta, el proceso de evolución política, no menos urgente, se realizaría en un ambiente enrarecido que influiría desfavorablemente en su desarrollo.Así pues la declaración programática menciona una serie de medidas sobre el relanzamiento de la economía y el robustecimiento de las empresas, ya que son éstas el motor de aquélla.

Dos días antes, en la clausura de las Jornadas Empresariales se habían expuesto a los cuatro ministros presentes las inquietudes de los empresarios ante la situación de las empresas, y entre las necesidades apuntadas figuraba una, y cito palabras textuales del señor Conde Bandrés: «No puedo silenciar la preocupación que se ha hecho sentir en las Jornadas por la implantación de medidas legislativas recientes, poco realistas y más llamadas a deteriorar las relaciones humanas dentro de la empresa y a coartar la inversión productiva con daño para los propios trabajadores, lo que exigiría su flexibilización».

Entre las conclusiones de la primera ponencia de las Jornadas, figura la necesidad de elaborar una nueva ley General de Trabajo.

En la actualidad el paro obrero es quizá el más grave problema del país pero cabría preguntarse hasta qué punto influye en su magnitud la propia legislación creada teóricamente para defender al trabajador, pero que de hecho le perjudica, ya que si bien le garantiza una estabilidad en el empleo ya conseguido, frena sin embargo la creación de nuevos puestos de trabajo.

En la última semana he celebrado reuniones con empresarios de una actividad concreta en cinco regiones de España. En total había unos 50 empresarios de empresas de tamaños que oscilaban entre 175 y 5 trabajadores por empresa.

Casi todos admitieron que necesitarían contratar algún trabajador más para atender sus necesidades actuales pero que no lo hacían debido a la incertidumbre del futuro próximo y la imposibilidad de reducir los puestos de trabajop innecesarios en los momentos de crisis. El número de puestos de trabajo que quedaban sin crear por estas empresas era de cerca de 200. ¿A qué cifra pasamos si extrapolamos esta pequeña muestra al conjunto nacional? ¿No sería más beneficiosa para todos una situación en la que el empresario pudiera regular libremente sus necesidades de plantilla, limitándose el Estado a atender mediante un adecuado seguro de desempleo a los que en esta situación quedan en paro real?

Por supuesto no pretendemos decir que el empresario deba tener poderes feudales de vida o muerte sobre el trabajador. La inminente reforma sindical dará paso a la creación de las entidades libres asociativas de patronos por un lado y de trabajadores por otro que son las que deben pactar los derechos y obligaciones de cada parte actuando el Gobierno como árbitro previa determinación de unas reglas del juego a que deben atenerse.

Esperamos que el desarrollo del apartado f del punto 1º de la declaración del Gobierno «Acelerar progresivamente la ordenación de las relaciones laborales a los modelos vigentes en el mundo occidental ... » se haga en esta dirección en la que al tener las partes más libertad, tendrían también más responsabilidad y por tanto se negocie para obtener mejoras reales y no victorias demagógicas que en la realidad resultan perjudiciales para los supuestos beneficiarios.