Protesta al gobernador por la manifestación suspendida

El gobernador civil de Guipúzcoa considera que «la amnistía referida a los implicados en actos de terrorismo origina contrarias reacciones colectivas y es causa de sentimientos enfrentados y tensiones sociales. En virtud de esta consideración y máxime cuando ya el Gobierno ha anunciado su propósito de proponer a Su Majestad el Rey una amplia y generosa amnistía», la primera autoridad guipuzcoana ha acordado desautorizar la manifestación que iba a celebrarse ayer tarde en San Sebastián, ya que en su transcurso podían producirse además comportamientos contrarios a las leyes.Los firmantes de la solicitud, miembros de la comisión gestora pro amnistía de Guipúzcoa, han remitido al gobernador civil un escrito en el que manifiestan su más enérgica protesta por la denegación del permiso, lo que supone a su juicio un atentado contra el derecho de reunión y una discriminación respecto a otras regiones en las que se han autorizado actos con idéntico propósito.

«No es válido -añaden- el argumento empleado por el señor gobernador civil de que la amnistía ya ha sido solicitada por el Gobierno. De un lado, porque la amnistía que interesa a los firmantes, recogiendo el clamor popular del País Vasco, es una verdadera amnistía sin discriminación de clase alguna, y que por tanto no coincide con la que parece referirse al Gobierno en su declaración programática. Y de otro, porque aunque hubiese coincidido con la opinión gubernamental, tampoco debiera haberse prohibido, puesto que existen cuarenta años de experiencia de manifestaciones que coincidiendo con la opinión del Gobierno no han sido prohibidas ni reprimidas por la autoridad».

Acerca de la posible comisión de actos delictivos, afirman que no pueden vislumbrar tales razones, «máxime cuando las únicas veces que han existido tales perturbaciones -reciente está lo sucedido en Santurce- se han debido, al parecer, a la imposibilidad de celebrar la manifestación de modo legal y ordenado, como consecuencia de la prohibición y de la consiguiente intervención de fuerzas gubernativas».