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Nueva crisis entre Inglaterra y Uganda

Las divergencias entre Uganda y Gran Bretaña, que alcanzaron su punto culminante con la expulsión del encargado de Negocios británicos en Kampala señor Orrocks hace una semana, han entrado en una nueva fase crítica al no querer reconocer el presidente Idi Amin la presencia en Uganda del sustituto del señor Orrocks.El nuevo representante británico interino señor Gibs, fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda en donde se le dijo que cómo era posible que Inglaterra le hubiese nombrado sustituto de Orrocks, sin consultar al Gobierno ugandés.

El Foreign Office hizo saber ayer su extrañeza por esta actitud del presidente Amin a quien considera debidamente advertido de la presencia del señor Gibs. Según un portavoz del Ministerio británico, el señor Orrocks había presentado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda a su sustituto Gibs, varios días antes de los incidentes de Entebbe y les había advertido de que le sustituiría interinamente.

El motivo de esta presión ugandesa sería el descontento de Uganda por la manera en que la prensa británica trata toda información que concierne al presidente Idi Amin, quien habría solicitado varias veces al Foreign Office que interviniera acerca de los diarios británicos.

En lo que a las relaciones de Uganda con Kenia respecta, y a pesar de los mensajes conciliatorios enviados últimamente por Idi Amin al jefe del Estado kenyano Jomo Kenyata, motivados fundamentalmente por la difícil situación económica que atraviesa Uganda, sobre todo en materia de suministros de petróleo, las autoridades kenyanas informaron que la desconfianza no se ha disipado.

Portavoces kenyanos ratificaron que Kenya no ha impuesto ningún bloqueo económico contra Uganda, sino que ante la actitud asumida por ese país contra Kenya, decidieron exigirle el pago al contado, de todos los suministros en petróleo que habrían de hacerle desde el puerto de Mombassa.

La situación en Kampala en este terreno es crítica, y el Gobierno decidió racionar la venta de combustible a organismos oficiales, médicos y profesores. De ella quedan totalmente exluidos los particulares.

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