La prohibición de asambleas en la sede sindical las traslada a iglesias

La Policía Armada se retiró de los lugares que ocupaba alrededor de la parroquia de San Andrés de Palomar, en Barcelona, donde se encontraban encerradas 200 esposas e hijos de huelguistas de la factoría de Motor Ibérica.Poco después de la retirada policial, un numeroso grupo de familiares entró, para visitar a los recluidos. Paralelamente, unos 2.000 trabajadores de la mencionada factoría celebraron una asamblea en otra iglesia, después del cambio de actitud que implicó el no autorizar mas reuniones masivas de los trabajadores de Motor Ibérica en la sede de Sindicatos.

En el transcurso de la asamblea, los trabajadores se pronunciaron en contra de las nuevas disposiciones gubernativas, que impiden reuniones sindicales de más de 500 personas. También mostraron su disgusto por el intento de medir la presencia en las asambleas de dirigentes sindicales despedidos, particularrmente de José Montraveta y Juan Domingo Linde.

A últimas horas de ayer apareció una nueva propuesta sindical consistente en propiciar un nuevo encuentro entre los trabajadores y la empresa, actuando de mediador el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de San Andrés.

Fuentes laborales, consultadas por EL PAIS, manifestaron su oposición a esta iniciativa a la que calificaron de inconsistente. Agregaron que continuaban sin comprender por qué no había podido llevarse a cabo una reunión concertada entre el jurado de empresa, y el gobernador civil de Barcelona, señor Sánchez-Terán.

Al llegar a los dos meses de duración, el conflicto de Motor Ibérica, empresa constructora de camiones y tractores Ebro, se encuentra en un auténtico callejón sin salida. Las reivindicaciones de los 4.000 trabajadores de las tres factorías de la empresa, todas ellas radicadas en Barcelona y su entorno, consiste en la concesión de amnistía laboral, ausencia de despidos por el presente conflicto y aumento lineal de 4.000 pesetas.

La empresa ha mantenido, durante estos dos meses, una actitud de dureza. Efectuó más de 1.500 despidos, los cuales, al parecer, estaría dispuesta a reconsiderar en su mayor parte.

Varios huelguistas fueron amenazados, en el pasado, por grupos de guerrilleros de extrema derecha. Las amenazas se convirtieron en hechos con la colocación de un artefacto explosivo de fabricación casera a la entrada del domicilio del trabajador José Herreros, así como con los destrozos causados a coches de huelguistas.

También tuvieron lugar detenciones de obreros en conflicto, los cuales fueron puestos en libertad al pasar a disposición judicial.