El puerto de Benalmádena

En EL PAIS de 19 del actual y en su página trece, se publica un artículo firmado por A.M.G., de Granada, bajo el título «Intereses especulativos en el proyecto del puerto deportivo de Benalmádena», incluyendo una referencia a mi gestión como alcalde de Benalmádena que no considero exacta, por lo que le ruego publique la presente carta como rectificación a la misma.En abril de 1970, el Ayuntamiento de Benalmádena, que yo presidía, solicitó al Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento de una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en su término municipal, concediéndose en Consejo de Ministros celebrado el 7 de abril de 1972.

El 19 de junio del mismei año, el Ayuntamiento convoca el reglamentario concurso para la adjudicación de las obras de construcción, concurriendo tres empresas y siendo definitivamente adjudicadas a Benalmádena, SA, observándose en todos los trámites las formalidades legales pertinentes.

En ningún momento he tenido más contacto con esta empresa que los necesarios por él cargo que ostentaba, -siendo de todo punto inexacto el que haya, formado parte por cualquier concepto de esta Sociedad, o el haber tenido en algún momento participación del capital de la misma o haber recibido favor o prebenda de alguna especie.

Con fecha 29 de noviembre de 1973, Benalmádena, SA, propone al Ayuntamiento una reforma del, proyecto aprobado, adjudicándoles las mismas.

El secretario del Ayuntamiento advierte que, desde su punto de vista, no se ajusta a lo reglamentario 16 solicitado. Como consecuencia de ello y dado que el secretario de la Corporación no es letrado, por la Alcaldía se pidió un dictamen al respecto al especialista en Derecho Administrativo, don Eduardo García de Enterría, quien estimó que tanto la solicitud de la reforma como la adjudi cación de la consiguiente obra a Benalmádena, SA podía ser concedida tal como ésta había solicitado.

En sesión plenaria del Ayunta-miento de fecha 1 de abril de 1974, se acordó por unanimidad solicitar la aprobación al Ministerio de Obras Públicas para la reforma y, una vez obtenida, adjudicar a la Sociedad peticionaria las obras de referencia. El secretario de la Corporación, que había venido negándose a convocar el Pleno anteriormente mencionado, por estimar que existían defectos de forma en el citado expediente, impugna el acuerdo tomado basándose en unas supuestas irregularidades de la convocatoria, que tanto el citado Pleno como la Comisión Municipal Permanente reunida al efecto el día 3 del mismo mes, consideraron entorpecedora de la buena marcha de los asuntos municipales, por lo que se acordó abrir expediente disciplinario a dicho funcionario, suspendiéndole de empleo y sueldo. El gobernador civil anuló el acuerdo en lo referente a la suspensión de empleo y sueldo del secretario, manteniendo abierto el expediente disciplinario. Este hecho, con el que no estaba conforme, motivó mi dimisión irrevocable, y totalmente voluntaria, el día 2 de mayo de 1974.