Los partidos, aprobados por ley, siguen prohibidos por el Código penal

El proyecto de ley más sustantivo del paquete de reformas elaborado por el Gobierno, el de modificación de determinados artículos del Código Penal, estuvo a punto ayer de naufragar en las Cortes. Ante la posibilidad de que éste fuera rechazado, el Gobierno optó por hacer suya la propuesta de la ponencia: remitirlo a la comisión de Justicia, después de señalar unas líneas generales de las que la propia comisión habrá de ajustarse. Así fue aprobado. Pero de esta manera los partidos políticos, aprobados por ley en la sesión de la mañana, siguen prohibidos en tanto no se modifique el Código Penal. Un clima enrarecido y de tensión se respiraba ayer en la Cámara, a la que llegaron las noticias del asesinato del jefe local del Movimiento de Basauri alimentando los rumores y el nerviosismo.

La sesión había comenzado con la intervención del ministro de Justicia, Antonio Garrigues, quien presentó las líneas generales del proyecto, destacando que la modificación del Código Penal era fundamental para el desarrollo de las anteriores leyes presentadas y aprobadas (derecho de reunión y asociaciones).Tras esta intervención comenzó el debate, que se centró principalmente en las observaciones presentadas por el procurador Rafael Díaz- Llanos -uno de los que en la mañana había votado no a la ley de asociación política-, quien pidió que el proyecto fuese remitido a la Comisión de Justicia, pues consideraba el informe de la ponencia impreciso jurídicamente y bastante confuso. El señór Díaz-Llanos, al igual que el otro procurador que presentó observaciones, señor Matto Tarí, fueron respondidas en nombre de la ponencia por Fernando Dancausa, Madrid del Cacho y Fernández Nieto.

En un primer descanso que tuvo lugar entre estas intervenciones, comenzó a reflejarse la oposición de una mayoría de procuradores a aprobar el proyecto. En los pasillos de las Cortes corrió la noticia del asesinato del jefe local del Movimiento de Basauri y muchos procuradores -sobre todo los representantes de los sectores más ultras de la Cámara- comenzaron a utilizar este asesinato como pretexto a la ofensiva contra el proyecto.

Finalizado el debate, se suspendió la sesión y en este nuevo descanso, que duró una hora y diez minutos, la ponencia estuvo reunida con el ministro de Justicia y en permanente contacto con el Gobierno. En el curso de esta larga espera, la impresión recogida en el primer descanso en torno a una previsible oposición al proyecto aumentó considerablemente. Se decía entre los grupos de procuradores que si el proyecto se sometía a votación iba a obtener más votos negativos que el de asociación Política, aprobado por la mañana.

Uno de los factores que contribuían a acrecentar esta impresión -al margen del ya citado del asesinato del jefe local del Movimiento de Basauri- había sido las posibles incongruencias jurídicas contenidas en el informe de la ponencia, calificado en líneas generales como confuso.

En medio de la expectación general y con una asistencia de procuradores mayor que a lo largo de la tarde, se reanudó la sesión a las diez menos cuarto, con la intervención del señor Fernández Nieto, miembro de la ponencia, quien anunció que en vez de someter el proyecto a la aprobación del Pleno, la ponencia había preferido someter a aquél unos puntos fundamentales. Estas palabras provocaron algunas reacciones negativas entre los procuradores.

A continuación el señor Fernández Nieto expuso las líneas generales que pidió fueran sometidas a votación:

1. Que se acepte la necesidad de la modificación del Código Penal.

2. Que esta modificación debe afectar a la regulación de los derechos de reunión, manifestación, asociación, propagandas ilegales, expresión de las ideas y libertad de trabajo.

3. Que sean consideradas como asociaciones ilícitas:

a) las que por su objeto o circunstancias sean contrarias a la moral pública,

b) las que tengan por objeto cometer algún delito,

c) las que tengan por objeto la subversión violenta o la destrucción del orden jurídico, político, social o económico o el ataque, por cualquier medio, a la soberanía, a la unidad y a la independencia de la patria, a la integridad de su territorio o a la seguridad nacional,

d) las que promuevan la discriminación entre ciudadanos por razón de raza, religión, sexo o situación económica,

e) las que sometidas a una disciplina internacional, se propongan instalar un régimen totalitario.

4. Que se tipifique toda coacción que pueda ser ejercitada contra la libertad de trabajo.

5. Que se establezcan las penas adecuadas a las figuras delictivas que se tipifiquen en concordancia con el sistema general de penas establecidas en el Código Penal.

Finalmente, el señor Fernández Nieto pidió que el Gobierno se pronunciara sobre esta propuesta, para que, en su caso, pudiera pasar a la Comisión de Justicia.

En nombre del Gobierno habló el ministro de Justicia, quien indicó que el Gobierno aceptaba la propuesta de la ponencia, no sin antes recordar que nada de lo que allí se estaba debatiendo tenía que ver con el terrorismo ni significaba bajar la guardia «ante esta plaga nacional e internacional».

Sometida a votación la propuesta, el resultado, fue de 64 votos en contra y 38 abstenciones, por lo que el presidente dio por aprobada la propuesta, declarando levantada la sesión. El proyecto pasa pues a la Comisión de Justicia.

Más información en págs. 7, 8 y 9