Los juristas, la oposición y también el "bunker", contra el proyecto de ley

La regulación de los partidos políticos propuesta en nuestro país, origina críticas notables, tanto de los expertos en Derecho político como de los propios políticos en activo que militan en la oposición. La clave de este problema nos la ofrecen las acusaciones de traición, deslealtad y perjurio que se lanzan, desde posiciones inmovilistas, contra un Gobierno que pretende legalizar los partidos políticos, condenados durante cuarenta años de franquismo.

La ausencia, por ahora, de unas Cortes auténticamente representativas permite anticipar que el gran debate sobre la insuficiencia del proyecto de ley de asociaciones políticas, cara a las necesidades reales del país y a la propugnada homologación con las democracias europeas, no se producirá en el debate parlamentario proximo a celebrarse en el Pleno de las Cortes -aunque se esperan rnayores ímpetus del sector inmovilista que los mostrados con ocasión del derecho de reunión-, sino que el tenía se encuentra ya sentenciado por la opinión pública más aproximada a la política real, que en este país, todavía, hay que indagarla en los periódicos.La primera contradicción señalada por los expertos juristas entre el proyecto de ley y la actitud oficial española reside en lo siguiente: el artículo primero invoca la necesaria actuación de las asociaciones políticas conforme al espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando nuestro país continúa aún sin ratificar los pactos mediante los que se pretende hacer obligatoria aquella Declaración. (Especial interés ofrece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que sólo falta una ratificación para cubrir el número de 35, que lo convertiría en obligado para todos.)

Otras críticas, procedentes del campo del Derecho constitucional español, han denunciado la discrecionalidad del poder ejecutivo permitida por el proyecto de ley, «modelo perfecto -se ha llegado a decir- de empleo de técnicas legales preventivas en materia de libertad».

De forma más pormenorizada, la exigencia de autorización gubernativa para el nacimiento de una asociación política se ha estimado por el profesor Rivero equivalente a la negación del derecho, no sólo de su ejercicio. Asimismo, los motivos de ilicitud en que puede fundarse la resolución denegatoria, por su generalidad y por remitirse a conductas de intencionalidad, conducen -en opinión de otros expertos- a la discrecionalidad, fácimente transformable en arbitrariedad del Ejecutivo.Muy criticado ha sido también el Tribunal de Garantías, órgano de control político -se ha señalado-, a pesar de adscribírsele al Tribunal Supremo, de modo irregular y disfuncional, además de la potestad que conserva el Gobierno - según el artículo 10 del proyecto- para regular el estatuto personal de sus miembros y sus normas procedimentales. Fruto de estas últimas críticas ha sido la sustitución que, según parece, ha hecho la ponencia del citado Tribunal, en cuyo lugar ha introducido una Sala del Supremo plenamente jurisdiccional.

La oposición: no

Con diferentes matices, los sectores de oposición se muestran contrarios a la regulación proyectada, sobre todo, por la discriminación que pretende hacia partidos como el comunista. Ramón Tamarnes, por ejemplo, ha manifestado que la única condición aceptable por los partidos es el acatamiento de «la Constitución que el pueblo se dé a sí mismo».

Los partidos Socialista Popular y Socialista Obrero Español han coincidido en sus críticas al Tribunal de Garantías, por estimarlo no independiente del Gobierno (PSP) y una nueva jurisdicción especial (PSOE). Gil Robles (Federación Popular Democrática) ha sido muy gráfico al estimar que tal tribunal no ofrece garantías, y evaluar el proyecto de ley como muy deficiente. Si se confirma la sustitución del Tribunal de Garantías, la oposición perderá uno de los motivos contra el proyecto de ley.

En Izquierda Democrática, Jaime Cortezo ha declarado que el derecho de asociación debe ser reconocido, a diferencia de lo que hace el proyecto de ley, para todos los ciudadanos, y el disidente del mismo partido Alvarez de Miranda ha coincidido en que es insatisfactorio, «porque contiene -dice- una serie de reservas legales y mentales que son discriminatorias desde el punto de vista democrático».

El búnker, tampoco

Al margen de las imputaciones de traición, perjurio y deslealtad realizadas desde la extrema derecha contra el Gobierno, expresadas a través de Fuerza Nueva y El AIcázar- y en buena parte a cuenta de la regulación de los partidos-, incluso los elementos más civilizados del búnker, o sector inmovilista del régimen, han mostrado su contrariedad ante el proyecto de ley de asociaciones políticas.

El coordinador nacional de Unión del Pueblo Español, Javier Carvajal, ha defendido las asociaciones dentro del Movimiento frente a los partidos. Raimundo Fernández-Cuesta, viejo falangista, ha declarado, por su parte, que los partidos políticos llevarían a una representación inorgánica contraria al Principio VIII del Movimiento y al espíritu constitucional revelado reiterada y categóricamente por Franco, fundador del sistema.

Gonzalo Fernández de la Mora -reciente nuevo consejero nacional del grupo de los 40- ha llegado a la conclusión de que «la partitocracia encubre una realidad oligárquica», y aun así se ha mostrado contrario a la legalización de los partidos. Ha acusado a los redactores del proyecto de ley -el Gobierno- de ignorancia sobre la ciencia y bibliografía existente sobre el tema de los partidos políticos.

Estas posiciones se han reflejado también en las cuatro enmiendas a la totalidad del proyecto de ley, presentadas por el grupo parlamentario Acción Institucional.