Las drogas, el problema más importante de Canarias

«Para la policía de Canarias, el tráfico y consumo de drogas es el problema más importante con el que se enfrenta actualmente, ha declarado el delegado especial de la Dirección General de Seguridad en el archipiélago, Eutiquiano de Prado, en el curso de una rueda de prensa celebrada en Las Palmas.Los niveles de toxicomanía detectados en los últimos años en la capital grancanaria -Tenerife no alcanza niveles destacables- colocan a esta provincia a la cabeza del país, considerándose ya indispensable el disponer de establecimientos de rehabilitación de drogadictos, dado que el internamiento en prisión de los procesados y/o condenados por estas causas dificulta e impide en muchos aspectos su recuperación y adaptación a la sociedad, al no aplicárseles ninguna terapia especializada. Las Palmas, como ciudad cosmopolita y eminentemente turística, sufre en el campo de la toxicomanía los efectos de ser un importante puerto de mar a donde acuden barcos de todas las nacionalidades. Cuenta con una importante cifra de población flotante, extranjera en su mayoría, lo que le convierte en mercado ideal de los cercanos países africanos donde se produce droga.

En las últimas semanas han sido casi diarias las redadas de los componentes de la Brigada Especial de Estupefacientes logrando detener a centenares de personas implicadas en tráfico y consumo, llegándose incluso a ocupar porciones de un potentísimo alucinógeno llamado STP, desconocido hasta ahora en España y con mayores efectos que el LSD. Por supuesto es la población joven la consumidora de drogas, ponlo que la policía está conminando a los padres de familia y educadores a que presten atención especial a sus chicos, dado el alarmante clima de propagación en el consumo de estupefacientes que últimamente se observa.

Entre las medidas tomadas por la DGS en Canarias, figura la expulsión de los españoles peninsulares y extranjeros que no justifiquen medios de vida. En el caso de los españoles, sus casos se estudian con arreglo a la vigente ley de Peligrosidad Social.